Con dudas, jueces ya ajustan críticas

Eugenio Zaffaroni

Jueces, fiscales e integrantes de la Corte Suprema asistirán mañana al acto del Museo del Bicentenario en el cual Cristina de Kirchner terminará de correr el velo sobre sus proyectos para la llamada democratización del Poder Judicial. La reforma del Consejo de la Magistratura y la creación de nuevas cámaras de Casación en diversos fueros concentrarán todas las miradas de la concurrencia. Reglamentación de medidas cautelares y cuestiones de transparencia patrimonial completarán la agenda. Mientras tanto, el pago del Impuesto a las Ganancias descendió posiciones. Ya desde anoche existían múltiples comunicaciones entre invitados para intercambiar opiniones y críticas puntuales.

Ricardo Lorenzetti concurrirá al anuncio en representación del máximo tribunal (a él podría sumarse Eugenio Zaffaroni). También asistirán Gustavo Hornos, titular de la Casación Penal y de la Junta de Cámaras, Luis María Cabral de la Asociación de Magistrados y una comitiva de camaristas del interior del país. La invitación también corrió para jueces y fiscales del fuero federal. Tanto los cambios en el Consejo de la Magistratura como la creación de nuevas instancias de Casación generan rechazo en los tribunales. La elección de los integrantes del cuerpo colegiado por la vía electoral plantea críticas desde abogados y magistrados ya que ninguno de los dos estamentos se encuentran en condiciones de afrontar una campaña, especialmente por la falta de estructura con la que cuentan los partidos políticos. En el caso de los jueces la cuestión es más sensible, ya que se podría objetar su imparcialidad. No por nada en la Corte se suele registrar como un mal ejemplo la elección de jueces por la vía popular en Estados Unidos ya que, según entienden, han existido casos en los cuales fueron condicionados por las empresas que aportaron fondos para sus campañas.

Entre el kirchnerismo del Consejo también hay objeciones. En la calle Libertad entienden que el Gobierno busca una salida compleja para un problema con solución más sencilla: la limitación de mayorías extraordinarias en los plenarios, especialmente en temas clave como la remoción o la designación de jueces. Aseguran que con una mayor preponderancia de las mayorías simples se podrían evitar dolores de cabeza como fuera el concurso frustrado para la designación de jueces en el fuero Civil y Comercial que dominó los últimos meses de 2012.

La figura de la Casación en los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo implica discusiones de toque menos político y más procesal. Elemento del derecho francés en el cual las leyes del plano legislativo tienen preponderancia por sobre la interpretación de la Constitución, las críticas aparecen a partir de que su instrumentación requiere una mayor oralidad en los procesos. Asunto complejo si se considera que se trata de dos fueros de carácter escrito.

Las nuevas cámaras apuntarán a dejarle a la Corte el rol de "control de constitucionalidad" y limitarían su acceso cotidiano a expedientes. Situación que motivó una respuesta sutil en el cuarto piso de la calle Talcahuano: desde hace algunas semanas los justices han hecho circular diversos cuadros estadísticos que indican que no existen demoras graves en el tratamiento de causas.

Tampoco convence la decisión del kirchnerismo de exponer las declaraciones juradas. Creen que esto sería viable bajo un control extremo, especialmente por los magistrados que investigan a grandes organizaciones criminales.

El pago de Ganancias, "issue" reiterado en los discursos presidenciales al momento de referirse al Poder Judicial perderá jerarquía. El Gobierno ha dejado la cuestión en manos de la Corte para que desde allí se firme una acordada que regule el pago del tributo. En este sentido la principal promotora es la procuradora general Alejandra Gils Carbó quien suele interpelar directamente al máximo tribunal lo cual ya ha generado cruce de opiniones. Postales de una puja en ascenso: desde hace una semana circula, por diversos despachos, un documento que detalla los nombramientos de fiscales que ha realizado Gils Carbó, en distintos casos, sin acuerdo del Senado. Un práctica que también era propia de Esteban Righi.