Con “per saltum” a la vista, la Corte ya negocia más fondos

Juan Manuel Abal Medina, Ricardo Lorenzetti

La Corte Suprema inició ayer conversaciones de tinte presupuestario con el Gobierno: solicitó autorización para otorgar un aumento del 10% en los sueldos de todo el Poder Judicial. Se trata de fondos de la Justicia, pero que requieren de la firma del jefe de Gabinete por tratarse de una reasignación de partidas. La respuesta que provenga de Balcarce 50 dará pie a lecturas de todo tipo, especialmente cuando se concrete el aluvión de recursos de per saltum contra la reforma al Consejo de la Magistratura que el oficialismo aprobará en el Congreso y cuyo destino podría decidirse en el máximo tribunal.

Escenarios políticos que en el acuerdo de ministros de ayer compitieron con el aumento salarial del 10%. Estos fondos, como suele recordar Ricardo Lorenzetti, ya están bajo la órbita de la administración de la Corte, pero al tratarse de una reasignación de partidas con otro tipo de destinos originales, se hace necesaria la firma de Juan Manuel Abal Medina para no incurrir en el delito de malversación de caudales públicos.

Este tipo de negociaciones, recordaban ayer los secretarios letrados del cuarto piso de la calle Talcahuano, tiene su origen en el decreto de necesidad y urgencia de 2005 que establecía que los fondos excedentes del Consejo de la Magistratura podían ser administrados por la Corte Suprema. Un ejemplo habitual suelen ser los planes de inversión en obras que no llegan a concretarse.

Viaje en el tiempo: el presidente era Néstor Kirchner; según el Gobierno, en el Consejo debían tener primacía los técnicos y no los políticos, y el ánimo hacia el Poder Judicial era otro. En ese entonces el Consejo había protestado e incluso se llegó a impulsar una acción judicial contra la determinación, pero en 2007, cuando el cuerpo colegiado se renovó, se desistió de la demanda.

La economía es una ciencia en alza en los despachos de la Corte, especialmente desde que en el Congreso el kirchnerismo decidió unificar los presupuestos del Ejecutivo y del Poder Judicial en el paquete de leyes para la reforma judicial. Esto incluye un fondo de 5.000 mil millones que, llegado el caso, el Ministerio de Economía podría cambiar por bonos. Papers de coyuntura macroeconómica circulan de mano en mano en el Palacio de Tribunales. "Con esto el Gobierno limitaría nuestra capacidad de ahorro y, por tanto, de administración", deslizan los justices al tiempo que, llegado el caso, manejan la posibilidad de una acordada administrativa contra el decreto que habilite la avanzada sobre los fondos.

Los ministros no conciben que el Gobierno reconozca las facultades de superintendencia de la Corte sin los recursos necesarios.

El clima de fondo de la última negociación por aumentos salariales fue similar en diciembre de 2012. El Gobierno había sufrido una serie de reveses procesales en su disputa judicial contra el Grupo Clarín por la ley de medios.

La autorización para el aumento se dilató más que lo esperado y llegó casi sobre la hora, cuando en el máximo tribunal ya despedían el año con el brindis habitual.

La respuesta ahora llegará en sintonía con la aprobación de la reforma del Consejo. Gremios de jueces y abogados prometen ya analizar presentaciones extraordinarias ante la Corte apenas se promulgue la ley.

Ayer por la mañana, en el tribunal se mencionaba el caso español (habitual ejemplo entre los impulsores de la reforma), en el cual los jueces son propuestos por los partidos políticos y en caso de que deban expedirse en causas que involucren a funcionarios o dirigentes, recurren a la excusación. Un secretario fue tajante: "España no tiene el problema de la falta de nombramientos que tiene la Argentina; acá las excusaciones traerían muchos dolores de cabeza por lo deficiente que es el sistema de subrogancias". Opiniones calificadas y que también llegan a los ministros, justo cuando su silencio sobre la reforma parece estar cerca de llegar a su fin.