13 de abril 2012 - 00:00

Congreso analizó ayer la expropiación que aún no se presentó

Fernando Pino Solanas
Fernando Pino Solanas
El Gobierno logró su primer éxito en el debate con la oposición por el futuro de YPF sin siquiera haber presentado un proyecto concreto. La mera circulación por los bloques de un borrador de esa idea de la Casa Rosada (con suficientes indicios de ser verdadero, aunque aún sin terminar) hizo que toda la oposición tomara partido en el debate de lo que, al menos para la tarde del Congreso, es una expropiación del 50,011% de las acciones de YPF. Para llegar a ese porcentaje el proyecto incluye a la totalidad de las tenencias de Petersen Energía SA (Grupo Eskenazi) y parte de las acciones en poder de Repsol.

Curiosamente, lejos estuvo la oposición de focalizarse en analizar las consecuencias de la declaración de utilidad pública y expropiación de acciones de una empresa cotizante en los mercados de Nueva York, Madrid y Buenos Aires, con el aditivo (como propone el ya famoso borrador) de disponer la valuación de esas tenencias no por el mercado, sino a través del Tribunal de Tasaciones de la Nación con supervisión de la Secretaría de Energía.

Por el contrario, tanto el radicalismo como el Frente Amplio Progresista aparecieron cuestionando aspectos del proyecto, pero sin negar en momento alguno estar dispuestos a bajar al recinto a debatirlo. Es decir, el Gobierno tiene asegurado el número en Diputados, aunque aún no se sepa bien qué va a proponer.

La Mesa de Entradas de Diputados fue el lugar más visitado ayer en el Congreso. Desde temprano se hizo correr la versión de que un proyecto enviado por Cristina de Kirchner ya estaba en el Congreso. Y aparecieron enseguida las precisiones que aportó un borrador que, aunque hasta el propio kirchnerismo reconocía como muy cercano a la versión final que se conocía por corrillos en la Rosada, no tenía rastro alguno de legalidad: le faltaban todos los sellos, el encabezamiento y, por supuesto, la firma presidencial. Hacia las 21, el lugar seguía desierto y nada había ingresado.

Ayer llegó a insinuarse en Diputados que la filtración del borrador había sido obra de una petrolera. Al mismo tiempo, el ambiente estuvo enrarecido toda la mañana y con escenas casi de película. Nunca los diputados y los empleados habían seguido tan de cerca la cotización de una acción como lo hicieron ayer en Diputados con YPF en el mercado de Nueva York: la acción allí cerró con una suba del 8,62% después de haber llegado a un pico del 12,9%. Extraño escenario para los poco entrenados legisladores en temas de mercado que veían como subía una empresa a la que en los papeles el Estado aparecía expropiando, aunque fuera poco más del 50%.

En ese ambiente, uno de los primeros en cuestionar la política energética histórica de los Kirchner, pero apoyar una estatización fue Fernando Pino Solanas. Dijo que «sería un gran paso» que el Estado nacional pase a controlar YPF, recordando que haber privatizado esa petrolera «fue un enorme fracaso».

Desde los 90 «no hubo ninguna exigencia a las petroleras para que hicieran las inversiones tan mentadas. Lo que se hizo fue sacar las reservas que ya estaban. Hay que hacer una política petrolera diferente, con una gran petrolera nacional -dijo-; «reestatizar YPF sería un gran paso, sin duda. Pero no queremos que la empresa se convierta en coto de caza de funcionarios corruptos».

En el radicalismo las opiniones no son demasiado diferentes. El santacruceño Alfredo Martínez reconoció ayer que, a pesar de pensar también que la decisión del Gobierno implica reconocer ocho años de política energética frustrada, el radicalismo no se negará a bajar a los recintos a discutir una reestatización de YPF, aunque estén en contra de la forma en la que el Gobierno la quiere llevar adelante.

Los radicales no quieren caer en el mismo conflicto que tuvieron cuando el Gobierno llevó adelante la estatización de los fondos de las AFJP, una medida que la UCR la reclamó desde el mismo día en que a Domingo Cavallo se le ocurrió privatizar la jubilación en el Gobierno de Carlos Menem. Esa votación produjo tensiones internas en los bloques UCR, en la misma medida en que las hubo cuando la estatización de Aerolíneas Argentinas, otra decisión del Gobierno en la que los radicales acordaban con el fondo, pero no con la forma.

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