Congreso dejó la campaña de lado y sancionó ley de víctimas

En una extraña sintonía entre oficialismo y oposición y a tres días del cierre de listas -influyó la presión social sobre el tema-, la Cámara de Diputados sancionó ayer la ley nacional de víctimas, que establece una serie de derechos y garantías para quienes sufran delitos contra la vida; la integridad sexual; contra la mujer (cometidos con violencia de género); y de trata de personas.

La ley fue impulsada el año pasado por el Frente Renovador que comanda Sergio Massa. Al llegar al Senado, el texto recibió fuertes críticas y fue analizado en detalle por la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que lidera el peronista Pedro Guastavino.

Tras los cambios que realizó el Senado este año, la iniciativa volvió a Diputados y Cambiemos apuró el tratamiento -ni siquiera pasó por comisión- del texto en una sesión especial. Pese a temores por el quórum, el oficialismo logró ayer el aporte de varios bloques para iniciar la sesión.

La ley, por caso, reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial, el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad en el proceso.

Además, estipula que las autoridades deberán actuar bajo tres principios rectores: rápida intervención; enfoque diferencial del problema de acuerdo con cada caso particular; y principio de no revictimización.

Las víctimas deberán recibir un trato digno y respetuoso y que sean mínimas las molestias derivadas del procedimiento; respeto a su intimidada; a que las pericias sean realizadas con la mayor celeridad posible; y a intervenir como querellante o actor civil en el procedimiento penal, entre otros puntos.

También contarán con patrocinio jurídico gratuito, así como cobertura en gastos de traslado, hospedaje temporal y sostén alimentario de urgencia que fueren necesarios cuando por sus circunstancias personales, la víctima se encontrare económicamente imposibilitada para hacerlo.

Por último, la ley incluye la figura del defensor público de víctimas, y se activarán 24 cargos, uno por cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.