Los gremialistas legislativos pactaron con las autoridades de las cámaras de Diputados y del Senado una suba del 8% en los salarios de los trabajadores parlamentarios retroactivo a marzo y hasta fines de julio próximo, situación que generó bronca en un sector de los empleados del Congreso.
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"Todos los grandes gremios que están colaborando cierran en el 15% con o sin gatillo y nosotros en un 8%. Nadie les pidió tanto...", deslizó un empleado de décadas en el Congreso en nombre de un ramillete de trabajadores que irradiaban anoche furia por los pasillos de Diputados y del Senado.
El pacto fue firmado por los titulares de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero; Carlos Britos, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); y Martín Roig, de la Unión del Personal Civil de la Nación.
Lo cierto es que, durante los últimos años, la metodología de las autoridades del Congreso y los sindicalistas fue acordar un porcentaje a principio de año y luego otro para el segundo semestre para paliar los efectos de la inflación.
Ahora, las dudas apuntan al artículo 2 del flamante pacto, que deja en claro que "en virtud de la responsabilidad política, los signatarios del presente acuerdo representación de la parte empleadora se comprometen a otorgarlo -el aumento en cuestión- en función de la disponibilidad en las partidas presupuestarias, impulsando las diligencias necesarias ante las presidencias de ambas cámaras".
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