Consejo Económico parece ya un gobierno paralelo

Hugo Moyano

El Consejo Económico y Social que el Gobierno quiere crear por ley siguió ayer sumando adeptos y funciones al punto que comenzó a parecerse -al menos por las pretensiones de sus futuros integrantes- en una especie de gobierno paralelo, superior en importancia al propio Congreso. La UIA y la CGT ya armaron una agenda de facultades para ese Consejo en el que tienen lugares reservados, amparándose en la poderosa versión española, una suerte de megaministerio que hasta tiene el poder de revisar los proyectos de ley antes que vayan al Congreso.
Ese esquema puede entenderse en una democracia orgánica como la que existe en España, herencia de 40 años de la dictadura de Francisco Franco donde las corporaciones quedaron con representación en el marco de decisiones del Estado hasta su mínima expresión. De hecho en el Consejo Económico y Social en Madrid están representados desde los pescadores de Galicia hasta los acereros del País Vasco. Tanto es así que los españoles tomaron el término de la teoría política para trasladarlo al humor: decían que la democracia española había emanado de los «órganos» del generalísimo.
En la Argentina el esquema institucional es bien diferente y de hecho, el propio Néstor Kirchner en el inicio de su presidencia resistió darle cabida a las corporaciones en el Estado. Aquí ya la Constitución de 1853 se organizó en base a principios de la democracia inorgánica y la de 1994 directamente consagró a los partidos políticos con rango constitucional, garantizándoles la representación en las decisiones.
Como sea, el Gobierno cree que el traje español funcionará en la Argentina y de ahí el entusiasmo ayer de los industriales y sindicalistas durante su encuentro en Madrid con Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social de ese país.
Ayer Carlos Tomada, que negocia con los dos sectores la conformación y los lugares a distribuir en el Consejo se reunió en la residencia de Olivos con Cristina de Kirchner para explicarle los primeros borradores del proyecto.
Pero una incógnita sobrevuela aún esa intención: ¿cómo conseguirá el Gobierno que la oposición se siente a debatir la ley de creación del Consejo si no habrá lugares reservados para los partidos políticos en el nuevo organismo?
De todas formas la ilusión tanto en el Gobierno, como en empresarios y sindicalistas sigue intacta. Para Cristina de Kirchner lanzar un órgano que pueda consensuar medidas entre los sectores y hasta presionar con acuerdos la decisión del Congreso, sería una solución para garantizarle un paso menos conflictivo de las leyes por las Cámaras si en las elecciones de octubre se lesionan las mayorías con que hoy cuenta el kirchnerismo.
La industria y la CGT quedarían en una posición de privilegio a la hora de discutir políticas públicas que hoy tienen sólo como centros de presión, mientras que ahora pasarían a la representación institucional con el Consejo.
Ayer, ambos se pusieron de acuerdo en exigir que el campo forme parte del nuevo organismo. Si el Gobierno se empeña en seguir el modelo español no podrá dejarlo afuera. Pero, el resto de las ideas que los industriales y sindicalistas ya están desgranando convierten al Consejo en una suerte de gobierno paralelo.
«Esperamos que lo podamos concretar, porque hay voluntad en el movimiento obrero y en los empresarios para tener un ámbito de discusión más amplio y con todos los sectores», dijo ayer Hugo Moyano sobre el Consejo.
Juan Carlos Lascurain, presidente de la UIA fue más allá: «Este espacio deberá tratar elementos macroeconómicos, no sólo el tipo de cambio, como los hacen al crecimiento, la educación y la política tecnológica».
«El sector del trabajo también puede tener otros temas como el subsidio al desempleado, en momentos en que la crisis internacional ya es un tema importante para tratar», sumó Lascurain a la agenda. Así, en sólo dos días de haber anunciado el Gobierno que enviaría el proyecto al Congreso, la agenda del nuevo Consejo parece inacabable.