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Consejo de jueces: oposición recibió a Alak con dictamen
El ministro de Justicia, Julio Alak, se presentó ayer en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado.
La iniciativa que ya fue sancionado en la Cámara de Diputados y sobre la cual se proyecta la sombra del veto presidencial, quedó en condiciones de llegar al recinto y convertirse en ley. A pesar de contar con un pedido de preferencia, en la reunión de labor parlamentaria de ayer la oposición no la incluyó en el temario de la sesión de hoy, donde en caso de lograr quórum, sí intentarán derogar los superpoderes presupuestarios y aprobar un proyecto cobista sobre promoción industrial.
Más allá de la defensa de Alak sobre el actual Consejo de la Magistratura, con mayoría kirchnerista, el dictamen opositor se obtuvo en el marco del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, con las rubricas de la UCR, el Peronismo Federal, el Partido Socialista y el Frente Cívico de Luis Juez.
Básicamente, la iniciativa eleva el número de miembros del Consejo de 13 a 18, al tiempo que devuelve la presidencia del cuerpo al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esta modificación también fue resistida por la Casa Rosada, en el marco del enfrentamiento político que se generó con el máximo tribunal a partir de algunos fallos como el que ordena reponer en su cargo al ex procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa, desplazado por Néstor Kirchner en sus tiempos de gobernador patagónico.
El dictamen aprobado anoche determina que los 18 miembros del Consejo de la Magistratura serán el presidente de la Corte (que también será titular del cuerpo), seis legisladores, tres jueces, cuatro abogados (actualmente hay dos); tres catedráticos (dos más que ahora), y sólo un representante del Poder Ejecutivo. El kirchnerismo, entonces, tendría apenas tres miembros de su sector, obviamente el representante del Ejecutivo, y dos de los seis legisladores, que le corresponderían en su carácter de primera minoría.
Pero el proyecto busca además acelerar la selección de jueces, para evitar la actual situación en que hay vacantes en juzgados que llevan años y acortar a un año los procesos de investigación contra magistrados, que actualmente pueden mantenerse de manera indefinida y a juicio de la oposición obran como amenaza si los jueces avanzan en procesos que salpican al Ejecutivo.


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