Consejo de la Magistratura: el macrismo pedirá presidencia para el titular de la Corte Suprema

El máximo tribunal de Justicia dio plazo de discusión hasta mitad de abril para reorganizar la conformación del organismo.

Martín Soria

La mesa nacional de Juntos por el Cambio definió ayer, ante una eventual discusión en el Congreso sobre el Consejo de la Magistratura, que la presidencia del organismo que propone y sanciona jueces quede para el titular de la Corte Suprema, hoy en manos de Horacio Rosatti. El debate se da tras el plazo que dio el máximo tribunal de justicia para reorganizar la conformación de la entidad en puja antes del 15 de abril.

“En primer lugar, es necesario respetar cabalmente la opinión de nuestro máximo tribunal en punto al equilibrio que debe existir entre los diferentes estamentos. En ese sentido, resulta conveniente adoptar la composición de la Ley 24.937 que no ha merecido objeción alguna. La presidencia del Consejo por parte del presidente de la Corte Suprema facilitará la integración del órgano dentro del ámbito del Poder Judicial, allanará dificultades para la administración y le otorgará mayor previsibilidad al desenvolvimiento del Consejo”, manifestó el macrismo en un comunicado que, a diferencia de muchos otros, no llevó ninguna firma o detalle reunión para analizar este tema.

Juntos por el Cambio también dejó claro que “se debe también asegurar la representación igualitaria en materia de género y la representación federal de los estamentos”. En tanto, “cada estamento debería ser elegido directamente por quienes van a ser representados y, en cuanto a los legisladores, se podría contemplar la opción de designar juristas que cumplan los requisitos pertinentes”. Además, el princnipal bloque opositor señaló que “la prohibición de reelección, dejando pasar un período, permitiría una mayor alternancia”.

Por otra parte, y con respecto del régimen de concursos, Juntos por el Cambio expresó: “Hay que encontrar los caminos para hacerlos más expeditos, más eficientes y mucho más transparentes. En ese sentido debería analizarse la posibilidad de efectuar concursos anticipados, para que ya existan postulantes calificados cuando se producen nuevas vacantes, y limitar las facultades del Consejo para alterar el orden de mérito en relación a los resultados obtenidos en la prueba de oposición y respecto de la valoración de los antecedentes”.

En cuanto a las facultades disciplinarias, el macrismo advirtió que “no es admisible la existencia de investigaciones abiertas por largo tiempo sin definición, pues ello afecta sin dudas a la independencia del magistrado investigado”, por lo que “se postula que se fije un plazo razonable para concluir la investigación y la suspensión automática del juez que tenga un procesamiento firme en doble instancia”.

Los opositores del PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica también enfatizaron: “El Consejo tiene que ejercer con firmeza sus facultades de control de la gestión judicial. Es preciso contar con estadísticas genuinas que permitan evaluar el desempeño de los tribunales y analizar medidas para mejorarlo. Las auditorías permanentes pueden contribuir también en la misma dirección. Los jueces deben actualizar sus conocimientos y capacidades. La escuela judicial del Consejo tendría que elaborar programas en ese sentido, de cumplimiento obligatorio”.

Sobre el final del comunicado, la mesa nacional de Juntos por el Cambio sostuvo que “corresponde que el Consejo de la Magistratura sea sometido al control de la Auditoría General de la Nación y la ejecución de su presupuesto no tiene que sufrir entorpecimientos ni discriminaciones por parte del Poder Ejecutivo”, y agregaron: “No hay República ni estado de derecho sin una justicia independiente. El Gobierno nacional ha menoscabado esa independencia atacando insistentemente a los tribunales que no deciden de acuerdo sus deseos, especialmente en las causas de corrupción”.

A inicios de diciembre pasado, el Gobierno envió al Senado una ley sobre el Consejo para llevar la conformación a 17 miembros. Para ello, se sumarían dos abogados, un juez y un miembro del ámbito académico y científico a los distintos estamentos con que hoy cuenta la institución, e incorpora la perspectiva de género.

La oposición, en tanto, aprovechó los espacios que regaló el Gobierno y presentó varios proyectos para reorganizar el Consejo de la Magistratura, a cargo de diputados como Mario Negri (UCR) y Pablo Tonelli (PRO). Ahora juntará las iniciativas, pese a algunos tironeos de espacios menores.

Desde el Senado, las primeras señales sobre este debate no fueron buenas, aunque las reacciones intempestivas que parten desde el entorno de Cristina de Kirchner son moneda corriente y podrían despertar al Congreso. Mientras tanto, en varios despachos ya apuestan sobre qué Cámara recibirá primero el eventual acuerdo con el FMI.

Otro tema no menor es el problema que tuvo Diputados -y que se agravó con la última renovación legislativa- para aprobar las reformas judicial y del Ministerio Público, hoy trabadas en la Cámara baja y luego de los fallidos intentos del ministro de Justicia, Martín Soria, para convencer a la oposición de los proyectos que empujó, con polémica, el cristinismo en el Senado.