Pese a intentar posponer su tratamiento con un pedido de revisión del dictamen de desestimación de la denuncia contra Bonadio -algo habitual en la dinámica del Consejo-, los integrantes del otrora bloque kirchnerista no lograron que el tema fuese diferido para la próxima semana. Luego de la sesión del Plenario, se reunió la Comisión de Disciplina y Acusación, presidida por la abogada Adriana Donato y allí se decidió aprobar la desestimación de la presentación de la expresidente formulada el 14 de abril pasado, cuando fue citada a declaración indagatoria por el juez.
Tras haber solicitado a la Cámara Federal el trámite de su recusación (que fue desestimada), el representante del Ejecutivo, Juan Bautista Mahíques, consideró suficiente para probar que no había existido por parte del juez "mal desempeño de sus funciones". Ese dictamen se aprobó por la mayoría oficialista.
El bloque opositor se quejó de que por primera vez en la historia del órgano, no se había hecho lugar a un pedido de uno de sus consejeros para postergar el tratamiento del dictamen. Argumentaron que no tuvieron ni siquiera tres días para analizar los fundamentos y que el reglamento interno establece la posibilidad de hasta tres postergaciones. Ayer nada de eso ocurrió, por lo que la próxima batalla se trasladará a cuando el tema se trate en el pleno del Consejo, que aún tiene fecha a definir. La decisión de desestimar la denuncia en Comisión fue apoyada por los consejeros radicales Gustavo Valdés, Ángel Rozas, la abogada Adriana Donato, los jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes y Mahíques, impulsor del dictamen, y quien había salido sorteado para tramitar la denuncia de la exmandataria.
Con la mayoría oficialista, la denuncia contra Bonadio podría ser sepultada definitivamente, algo que tendrá un correlato práctico: un fuerte respaldo al juez y su accionar, que ha tenido a varios funcionarios kirchneristas en la mira, en especial a la exmandataria a la que procesó por la venta de dólares a futuro dispuesta en los últimos meses de su gestión.
Cruces
Antes de desestimar esa denuncia, el plenario aprobó un batallón se subrogancias en diversos juzgados. Pero en particular, desató un fuerte cruce entre los consejeros por la cobertura del juzgado federal de Río Gallegos, que había sido ocupado por Andrea Askenazi Vera, designada a instancias del kirchnerismo.
En su lugar, irá de forma rotativa cada uno de los integrantes de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que ocuparán cada 60 días el juzgado federal, una instancia inferior a la que ocupan. El primero de ellos en desembarcar en ese juzgado será Javier Leal de Ibarra, hombre cercano a Ricardo Lorenzetti y presidente de la Junta de titulares de Cámaras Nacionales y Federales del país. Además, es quien quedó a cargo de las escuchas judiciales, luego del traspaso que dispuso el Gobierno para quitárselas a la Procuración General y ponerlas bajo la órbita del máximo tribunal. Lo que desató el enfrentamiento fue que esa subrogancia fue aprobada por ocho votos afirmativos, uno menos que el requerido para el nombramiento de jueces suplentes, según el propio fallo de la Corte Suprema que dio de baja la intentona K de nombrarlos por mayoría simple. La réplica de los oficialistas fue que cualquier queja fuese canalizada por la vía judicial.
En el mismo paquete se aprobaron subrogancias en el fuero penal económico, en el fuero del Trabajo y en juzgados del interior. También se trató la cobertura de vacantes transitorias en tribunales orales de la Justicia nacional y a Marcelo Martínez de Giorgi, cuya suplencia en el juzgado que comandaba el renunciante Norberto Oyarbide.
| G.M. |


Dejá tu comentario