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Córdoba embistió contra Nación por deuda ante Corte
José Manuel de la Sota sumó el respaldo del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, con quien se reunió ayer
El fiscal de Estado de Córdoba ingresó temprano a la Corte Suprema con toda la documentación que avala la denuncia. Más tarde, el gobernador De la Sota se reunió con su par santafesino, Antonio Bonfatti, quien también denunció a la Nación por deudas ante el máximo tribunal.
Pese al perfil dialoguista que insiste en intentar cultivar el peronista crítico y presidenciable 2015 De la Sota, se trata de un nuevo capítulo de la tensa relación política con Cristina de Kirchner.
Esos cortocircuitos tuvieron un pico en 2011, cuando De la Sota se impuso en los comicios en fórmula con una intendente que combatió junto al campo contra las retenciones móviles, Alicia Pregno, y anunció el nacimiento del «cordobesismo», con la mirada puesta en 2015.
En paralelo a la presentación judicial de ayer, sugestivamente De la Sota se mostró en la ciudad de Córdoba junto a otro mandatario que también batalla por el pago de una millonaria mora previsional de la Casa Rosada: el socialista santafesino Antonio Bonfatti.
La foto -tras «un encuentro protocolar» de cerca de una hora en la Casa de Gobierno- fue leída como un respaldo hacia la estrategia desplegada por De la Sota en la Corte.
Pero fue más allá: en la reunión, según pudo saber este diario, ambos caciques analizaron la necesidad de establecer estrategias comunes entre provincias grandes para lograr que la Casa Rosada les dispense «el trato adecuado», en medio de la desaceleración de ingresos que sufre el interior.
«Pueden estar sembrando la semilla de la liga de gobernadores», evaluaron desde pasillos provinciales, e incluso no se descartaba ayer la convocatoria a otros mandatarios con problemáticas comunes en materia de cortocircuitos político-financieros con Nación.
En una movida que es mirada con recelo por el kirchnerismo nacional, en las últimas semanas el bonaerense Daniel Scioli mantuvo encuentros con varios gobernadores, incluido el cordobés.
Por lo pronto, Bonfatti viajó a Córdoba para disertar ante empresarios en el marco de una actividad organizada por la Fundación Mediterránea.
Con De la Sota, comparten un perfil crítico frente al Gobierno nacional, el hecho de no haber transferido la Caja de Jubilaciones a la Nación, y millonarias deudas en las remesas federales en ese rubro que se profundizan al ritmo del enfriamiento en la relación con Balcarce 50.
En las últimas horas, el santafesino volvió a instar a Nación a que salde una deuda de
$ 1.307 millones en materia de asistencia para la Caja de Jubilaciones local, mientras que ayer defendió el pago del 82% móvil a los jubilados de su distrito. Además de Córdoba y Santa Fe, también están en manos provinciales las cajas de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En el caso de Córdoba, la embestida judicial de ayer fue concretada cerca de las 10 en el máximo tribunal por el fiscal de Estado mediterráneo, Jorge Córdoba, y el procurador del Tesoro de la provincia, Pablo Reyna, con el patrocinio del abogado constitucionalista Alberto García Lema.
Entre otros ejes, allí el Ejecutivo mediterráneo describió -explicó el jefe de Gabinete, Oscar González- «la situación de otras provincias que no transfirieron las cajas y que han armonizado su sistema infinitamente menos que el sistema cordobés -como Entre Ríos, Chaco y Santa Cruz- y siguieron recibiendo fondos todo 2011».
De la Sota pretende cobrar los 1.040 millones de pesos de 2011 acordados en un convenio para la armonización y el financiamiento del sistema previsional sellado en diciembre de 2009 con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que Nación sí abonó en 2010 y que está destinado a sobrellevar el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial. Por ahora, la demanda no incluye el reclamo de intereses.
«Debería salir en forma expeditiva», consideró ayer González, en base a que el convenio reclamado surgió de una audiencia de conciliación convocada por la misma Corte cuando el por entonces gobernador Juan Schiaretti peleaba el pago de fondos previsionales por $ 1.220 millones en 2009.
Pero desde la Casa Rosada entienden que la provincia no cumplió con los pasos de armonización entre ambas administraciones necesarios para acceder a ese beneficio.
Sin embargo, el Ejecutivo cordobés ratificó que seguirá pagando el 82% móvil a sus jubilados. Esa medida fue instaurada en 1990 y, tras un impasse entre 1995 y 2007 -producto de la crisis y un posterior fallo de la Corte- volvió a regir en tierra mediterránea.
El 31 de diciembre de 2011 expiró el convenio de asistencia financiera y el Gobierno nacional no renovó las remesas para este año, otra asignatura pendiente que le endilgan desde Córdoba.
«Yo no busqué esto; Córdoba no está pidiendo ayuda: Córdoba quiere cobrar lo que nos deben», argumentó ayer De la Sota, además de remarcar que no tuvieron «respuesta ni positiva ni negativa» pese a los «siete meses de diálogo».
«Ya se reunió en la Legislatura todo el arco de legisladores nacionales y provinciales, y un poco más dijeron que es hora; y creo que es hora, hemos iniciado la demanda», enfatizó, en referencia a un encuentro multipartidario desarrollado la semana pasada en el Parlamento local.
El mandatario se apresuró también a remarcar que «no quiere pelear con nadie». «Lo que quiero es cobrar, realizar obras; yo busco una etapa de diálogo y ojalá la Corte Suprema convoque al diálogo: voy a ser el primero que va a estar ahí tratando de ponerme de acuerdo», resaltó.
«No creo que pueda dar lugar a represalias», se esperanzó por su parte el jefe de Gabinete, y sostuvo que «no debe leerse detrás de esto ninguna situación política, ni eventual candidatura de nadie».
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