Tras los 9 días del salvaje paro de colectivos que azotó a la capital provincial, la Legislatura de Córdoba aprobó ayer por mayoría un proyecto enviado por el gobernador Juan Schiaretti que declara al transporte público de pasajeros como servicio esencial y regula su prestación.
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En los hechos, la iniciativa limita las huelgas en servicios públicos clave -alcanza además a agua potable y energía-, al definir la obligatoriedad de aplicar prestaciones mínimas y un preaviso de cinco días.
"La falta de cumplimiento del deber de trabajar, por parte de las personas obligadas a la ejecución de los servicios mínimos, será considerado falta grave, y dará lugar a las responsabilidades previstas en las disposiciones legales que les resultaren aplicables", afirma.
La sanción contó el voto a favor de la oficialista Unión por Córdoba y del interbloque opositor de Cambiemos, mientras que no estuvieron presentes los legisladores sindicales (el cegetista José Pihen e Hilda Bustos, de los gráficos) y se retiraron los kirchneristas Carmen Nebreda y Franco Saillén. Hubo 57 votos a favor, 5 en contra y 8 ausentes.
Previsiblemente, la estrategia generó el rechazo del arco gremial, que llevó adelante una protesta frente a la Legislatura que fue convocada por las cuatro centrales obreras (CGT Córdoba, CGT Rodríguez Peña, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores).
Conocida la sanción, el titular de la CGT Rodríguez Peña, Mauricio Saillen, advirtió que "este proyecto antihuelga -al que consideran inconstitucional y que dirimirán en la Justicia- lleva irremediablemente a un paro provincial".
"El derecho de huelga está totalmente garantizado; no vulnera nada", argumentó en la otra vereda el legislador Carlos Gutiérrez (UPC). "Celebramos la iniciativa de UPC para garantizar un normal servicio a los ciudadanos", dijo por su parte el radical Orlando Arduh.
"Hace mucho que no veo a un bloque que esté votando en contra de los derechos de los trabajadores", cuestionó por su parte el legislador kirchnerista Martín Fresneda (Córdoba Podemos).
El pasado martes, la filial local de la UTA levantó un virulento paro en rechazo a la suba salarial del 21% en tres tramos acordada por la cúpula a nivel nacional, que se extendió por nueve días.
La medida terminó diezmada por la pérdida de apoyo de los choferes y la decisión del intendente radical Ramón Mestre de aplicar una red de colectivos gratuitos y custodiados.
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