• EL SENADOR JULIO COBOS QUIERE UN ÓRGANO "INDEPENDIENTE" Y "AUTÓNOMO" La nueva estructura establece la creación de un consejo en el Congreso que tendrá 11 miembros, de los cuales seis serán legisladores.
Julio Cobos y Laura Alonso.
La "patinada Gilligan" y las demoras para reformar la ley de Ética Pública empujaron una vez más a la Unión Cívica Radical a aportar ideas y despabilar a la Oficina Anticorrupción que comanda la macrista Laura Alonso: el senador nacional Julio Cobos (Mendoza) presentó una iniciativa que crea en el Congreso una "Comisión Nacional de Ética Pública (Conadep), que funcionará como órgano independiente y actuará con autonomía funcional".
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En los fundamentos del proyecto, Cobos asegura que "la Argentina tiene un serio problema de implementación de reglamentación ya existente en materia anticorrupción", y dispara: "Sin instituciones autónomas y fuertes que puedan investigar lo actuado por los funcionarios públicos será imposible luchar de forma creíble contra la corrupción".
La iniciativa del legislador en realidad es una réplica de una impulsada en 2014 durante su mandato como diputado y formó parte de la plataforma de la campaña 2015, cuando arrasó en la provincia y ganó la banca de senador. Junto a él aterrizó en la cámara alta Pamela Verasay.
En el articulado se detalla que "la Comisión estará integrada por 11 miembros, ciudadanos de reconocidos antecedentes y prestigio público, que no podrán pertenecer al órgano que los designe y que durarán seis años en su función no pudiendo ser reelegidos". De ese total, seis serán legisladores y las cinco butacas restantes serán llenadas con representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Poder Ejecutivo, Procuración General, Defensoría del Pueblo y Auditoría General.
La comisión propuesta por Cobos podrá "recibir las denuncias de personas o de entidades intermedias registradas legalmente respecto de conductas de funcionarios o agentes de la administración contrarias a la ética pública", las cuales "deberán ser acompañadas de la documentación y todo otro elemento probatorio que las fundamente".
El cuerpo "remitirá los antecedentes al organismo competente según la naturaleza del caso, pudiendo recomendar, conforme su gravedad, la suspensión preventiva en la función o en el cargo, suspender las acciones de las que fuera parte y solicitar su tratamiento en plazo perentorio, como así también recomendar la iniciación de proceso de juicio político y/o remoción mediante jury de enjuiciamiento, según corresponda".
Por otra parte, la comisión estará en condiciones de "determinar la participación de personas, entidades comerciales y financieras y empresas que han intervenido en los hechos que se denuncian, así como las responsabilidades que le caben a funcionarios públicos, entidades y empresas públicas y privadas en relación con el Estado Nacional y/o funcionarios públicos estatales". De igual manera, deberá "denunciar ante la Justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con los hechos que se pretende esclarecer".
En tanto, y en caso que amerite, la Conaep podría "solicitar a la Justicia que se reabran causas que estén sospechadas de peculado, prevaricato, concusión, cohecho y/o intimidación".
Semanas atrás, el jefe del radicalismo en Diputados y cabalgador principal de Cambiemos en esa cámara, Mario Negri, mostró un proyecto para activar un escáner previo al ingreso de funcionarios al Poder Ejecutivo tras las tropelías por presunto lavado de dinero del músico y flamante exsubsecretario general de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan.
El texto de Negri y otros radicales pide a la OA el análisis de "los antecedentes laborales" y permite aplicar "medidas preventivas". En ese caso, la iniciativa manifiesta que "en caso de que el aspirante manifieste a través de su declaración jurada y antecedentes algún caso que afecte significativamente el ejercicio de su competencia (...), la autoridad de aplicación deberá realizar un dictamen" que podrá "ser en el sentido de recomendación a reparar la situación detectada, a no avanzar con la designación o la potencial intervención de otras autoridades".
Al día siguiente, Alonso dijo en una red social que "en la propuesta de reforma de la ley de Ética Pública" se incluye "chequeo de antecedentes previo a la designación de funcionarios ... de todos los poderes", y celebró estar "alineada" con Negri.
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