Corte deja firme condena a Pedraza por M. Ferreyra

domiciliaria. Pese a que su condena fue ratificada por la Justicia, José Pedraza goza de prisión domiciliaria debido a condiciones de salud.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme ayer la condena a 15 años de prisión dictada contra el exjefe de la Unión Ferroviaria José Pedraza como partícipe necesario del asesinato del integrante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, que tuvo lugar a manos de una patota vinculada al gremio en octubre de 2010. El máximo tribunal desestimó un recurso del sindicalista contra la confirmación de la condena que fuera ratificada por la Cámara de Casación. También rechazó los planteos contra la sentencia de su segundo, Juan Carlos Fernández, del supuesto tirador Cristian Favale y otros nueve acusados. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz no hicieron lugar a la queja presentada por los abogados y así dejaron firme lo dispuesto por la Sala III de Casación. Pedraza goza del beneficio de la prisión domiciliaria desde febrero pasado otorgada por el Tribunal Oral, a raíz de sus problemas de salud, así como por haber superado el límite de 70 años de edad, condición necesaria para poder cumplir condena fuera del penal del Servicio Penitenciario Federal. El efecto de la decisión del máximo tribunal impactó también en la situación de Gabriel Sánchez, Francisco Salvador Pipitó, Jorge Daniel González y los policías Jorge Raúl Ferreyra, Hugo Ernesto Lompizano, Gastón Maximiliano Ezequiel Conti, Luis Alberto Echavarría y Luis Osvaldo Mansilla. Lo mismo ocurrió para Pablo Marcelo Díaz (condenado por ser el coordinador de la patota). De esta forma se mantuvieron las condenas de entre 8 y 18 años fijadas tras el juicio llevado adelante por el Tribunal Oral Criminal N° 21 por el homicidio de Ferreyra y de severas lesiones a Elsa Rodríguez, durante una movilización contra los despidos de trabajadores tercerizados en el Ferrocarril Roca, el 20 de octubre de 2010. Se comprobó en el juicio que Pedraza había dado la orden de aleccionar a los manifestantes por ser disidentes de su gremio.