Corte, dividida, ya siente presiones

La Corte Suprema aclaró ayer que «no dan los tiempos» para que el cuerpo trate las testimoniales, en oposición a las declaraciones de Ricardo Lorenzetti, su presidente, que había asegurado la semana pasada que el tribunal estaba dispuesto a pronunciarse sobre el tema antes de las elecciones.

La Corte Suprema de Justicia salió ayer a calmar las versiones sobre el posible tratamiento de las impugnaciones a las candidaturas de Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa. El ministro Carlos Fayt insistió en el argumento de que no había tiempo suficiente para analizar la anunciada apelación del Acuerdo Cívico y Social. Un giro de postura que evidenció desacuerdos en el cuerpo: hace apenas una semana el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, había asegurado que estaban dispuestos a pronunciarse sobre las testimoniales antes de las elecciones legislativas del 28 de junio.

No pasaron 24 horas de la publicación del fallo de la Cámara Nacional Electoral que avaló (con un voto en disidencia) las postulaciones a diputados bonaerenses del kirchnerismo, y la Corte ya estaba aclarando que era imposible resolver sobre los casos debido a los plazos que debe seguir el trámite. «La Corte no va a apurar sus cosas por nada y va a cumplir con su función», aseguró Fayt. El ministro evitó opinar sobre el contenido de los dictámenes de los camaristas Santiago Corcuera, Rodolfo Munné y Alberto Dalla Vía, pero señaló que «no es fácil extraer conclusiones definitivas» sobre el tema, así como elogió a los miembros del tribunal de alzada. «Conozco a los jueces Corcuera y Dalla Vía. Son muy buenos jueces, de una gran responsabilidad», destacó Fayt.

Desde la Corte también aseguraron que el tratamiento de las testimoniales «no es cuestión de voluntarismo», sino un problema de los tiempos implicados en todo recurso extraordinario que se interpone ante la Corte. Así, el argumento de las fechas sirvió para escudarse y evitar las presiones políticas de un fallo muy sobre la fecha de los comicios. Y sobre un tema que acaparó la campaña y en el que ningún juez, ni siquiera los integrantes de la Cámara Nacional Electoral, logró evadirse de las críticas de distintos sectores del arco político, e incluso judicial.

Es cierto que los tiempos son muy ajustados, ya que, si bien la ley electoral establece un plazo de 48 horas para que la parte demandante pueda apelar, en el caso del recurso extraordinario, el período estipulado es de 10 días, lo mismo para el demandado. Después de este proceso, la Cámara Nacional Electoral deberá analizar si abre o no el recurso para que el trámite llegue a la Corte y, de conceder esa vía, deberá «volcar en su resolución alguna razón especial» para justificar el tratamiento por parte del Alto Tribunal. Una vez que el recurso está en manos de la Corte, se remite a consideración del procurador general de la Nación, quien debe dictaminar sobre la materia.

En caso de que la Cámara no conceda el recurso, queda la posibilidad de que se interponga un «recurso de queja» ante la Corte, como hizo el abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat. Su expediente, de hecho, llegó el lunes pasado a la Corte y está a la espera de un dictamen del tribunal. Pero lo más probable es que sea rechazado, como en todas las instancias anteriores, por ser considerado un planteo «abstracto» (fue planteado antes de la presentación de las listas de candidatos).

En este sentido, las impugnaciones del Acuerdo Cívico y Social, sobre todo en el caso de las objeciones a las llamadas candidaturas testimoniales, tienen muchas más posibilidades de avanzar hasta la Corte. «Lo más probable es que la Cámara conceda el recurso extraordinario, porque hay una cuestión federal de por medio», señaló el constitucionalista Gregorio Badeni.

En la misma línea, el abogado Juan Cruz Azzarri, profesor de Derecho Público en la UCA, destacó que «no hay ningún elemento jurídico que impida la apelación del fallo de la Cámara», pero que «es muy difícil que se expida antes de las elecciones. Azzarri agregó que, en el caso de que se pase la fecha, de cualquier manera la Corte puede resolver. Y debería hacerlo, para establecer reglas a futuro».

Esta fue también la postura oficial de la Corte desde ayer: como no hay tiempo para que tramite el recurso extraordinario de la alianza opositora antes de los comicios, el tratamiento del planteo contra las candidaturas testimoniales será netamente «jurídico» y sin ningún aspecto político que «favorezca a alguna de las partes».

Las versiones sobre este cambio de postura del máximo tribunal empezaron a circular el lunes a la noche, luego de que se conociera el aval de la Cámara Nacional Electoral. Según trascendió, los integrantes del cuerpo se reunieron el lunes pasado y definieron esta posición, porque no querían ser objeto de utilización política en plena campaña. Argumento que deja en claro que, en realidad, el tratamiento del tema depende más de la voluntad política del tribunal para analizarlo, que de los plazos procesales.

Así, la Corte se reservaría el derecho para opinar sobre la cuestión, una vez pasadas las elecciones y, por lo tanto, el tema ya no tenga ninguna importancia.