Corte logró fondos clave (guiño del Gobierno)

Ricardo Lorenzetti y Juan Manuel Abal Medina

La Corte Suprema logró ayer que el Gobierno autorice una reasignación de partidas presupuestarias para otorgar un 10% de aumento a los empleados del Poder Judicial. Es el primer incremento salarial de los tres que deberían tener lugar a lo largo del año. Ricardo Lorenzetti había girado el pedido, semanas atrás a la oficina de Juan Manuel Abal Medina quien finalmente rubricó el aumento.

Señales que disparan múltiples lecturas cuando el grueso de la reforma judicial comenzará a debatirse en los tribunales a partir del 23 de mayo, cuando las modificaciones al Consejo de la Magistratura serán publicadas en el Boletín Oficial.

El Gobierno no ha publicado esta parte de la reforma ya que en Balcarce 50 entienden que se arriesgan a una batalla donde sus chances son escasas: tesis que ha silenciado todo tipo de conversación en los partidos políticos, incluso en el gobernante, sobre la nómina de candidatos al Consejo de la Magistratura.

El indicador más reciente provino de Paraná, el jueves pasado, cuando Lorenzetti sostuvo que las "políticas públicas" deberían planificarse con el objetivo en "las próximas generaciones y no en las próximas elecciones". El gobernador kirchnerista Sergio Urribarri lo escuchaba a metros.

La reasignación de partidas requería de la firma de Abal Medina porque el aumento proviene de fondos con un destino original distinto. Concederlo sin este sello implicaría el delito de malversación de caudales públicos.

La semana pasada el Consejo de la Magistratura había logrado un guiño similar para cumplir con los pagos a las empresas de limpieza que operan en los edificios del Poder Judicial.

El aumento del 10% generó reacciones favorables en el gremio de empleados judiciales. Su jefe, Julio Piumato (actualmente en la CGT opositora de Hugo Moyano), emitió un comunicado que incluyó una felicitación a la gestión de Lorenzetti.

La relación del gremio con la Corte es estratégica, especialmente desde que el máximo tribunal busca unificar criterios sobre la adopción del Impuesto a las Ganancias. Los ministros temen que, de formularse una acordada que establezca la validez del impuesto, los tribunales podrían verse paralizados por una batería de paros.

Habitualmente los judiciales reciben tres aumentos a lo largo del año, la velocidad con la cual éstos son habilitados por el Gobierno suele ser un indicador del estado de la relación entre los dos poderes.

En diciembre del año pasado hubo un ejemplo explícito de este tipo de negociaciones: en plena disputa judicial entre el Gobierno y el Grupo Clarín, cuando la Corte había rechazado dos recursos de "per saltum" presentados por el Gobierno, la autorización para el último incremento del año se postergó hasta la última semana de diciembre y se terminó firmando cuando en el cuarto piso ya despedían el año con el tradicional brindis.