Corte prepara cumbre de camaristas (clave)

Ricardo Lorenzetti y Alejandra Gils Carbó

 Ricardo Lorenzetti citó ayer para el martes próximo a los presidentes de las cámaras federales con el objetivo de analizar el escenario de la nueva ley de subrogancia, que votó el Congreso, pero cuyos efectos irrumpieron en la arena política luego de que el Consejo de la Magistratura removiera al juez Luis Cabral de su subrogancia en la Casación Penal federal. Los pedidos de un encuentro personal aparecieron con mayor urgencia cuando la Corte Suprema se negó a tratar un planteo del fiscal Raúl Pleé para reponer la firma de Cabral en el caso que estudia la constitucionalidad del pacto firmado con Irán.

Las reuniones de jueces no van con el estilo del presidente de la Corte, que esquiva los encuentros multitudinarios siempre que puede, pero la nota enviada el atardecer del miércoles y que firman alrededor de 50 magistrados hizo necesaria la ocasión. Para tener en cuenta: entre las firmas casi no aparecen figuras rutilantes, pero hay varios jueces del fuero penal ordinario de la Capital. Este grupo, aunque no lo diga en voz alta, se autodefine como prenda de canje de los jueces federales de Comodoro Py en una negociación con el Gobierno cuyo resultado fue que el modelo acusatorio no arranque a implementarse en el fuero federales, sino en la Justicia nacional de la Capital. En contrapartida, sostienen, el oficialismo atraviesa la temporada electoral sin grandes vendavales procesales.

Por eso no sorprendía el martes a la noche, cuando algunos de estos jueces se reunieron en un restorán de Puerto Madero, cierto dejo de satisfacción ante la realidad de que ahora el más inquieto con la nueva ley de subrogancias sea Martín Irurzun, jefe de la Cámara Federal, que teme una arremetida del Gobierno contra la suplencia de Eduardo Farah. Ni siquiera lo ha tranquilizado la reunión que días atrás mantuvieron Farah y el viceministro Julián Álvarez. Este camarista tiene un rol central en entuertos decisivos que tramitan en ambas Salas de la Cámara.

A diferencia de otros jueces del edificio, su relacionamiento con la política encierra complejidades: el oficialismo lo observa a la distancia y el núcleo duro del macrismo -que intercambia ideas en un museo de Barrio Norte porteño- lo acusa de consentir la demora en el fallo sobre los procesamientos de la causa de las supuestas escuchas ilegales.

Una vez más, Lorenzetti se encuentra en la posición de lograr un equilibrio entre la demanda de las instancias inferiores y la estrategia de una Corte cuyo presente no es el ideal para desatar una nueva contienda con el kirchnerismo. Los tiempos se hubieran precipitado si ayer, por ejemplo, el juez Esteban Furnari emitía un amparo a favor de Cabral y su reposición. El Gobierno y la Corte ya saben que Furnari nunca lo haría sin antes pasar por el protocolo de avisar al camarista Sergio Fernández, a quien considera su referente.

Si Cabral logra un amparo, el Gobierno recurrirá sin escalas al "per saltum" ante la Corte. Un pronunciamiento de los justices sería ya inevitable. Sería el escenario propenso para una negociación muy fina con la Corte y en la cual se terminaría de vislumbrar si el Gobierno transforma a Cabral en un caso idéntico al de Carlos Fayt: al principio, una fuerte embestida política y el dominio de la agenda para luego dar paso a un revés técnico irremontable. En los avatares judiciales, la voluntad política no alcanza para asegurar victorias. Una noción que el kirchnerismo ya ha tenido ocasión de incorporar.

Pero siempre habrá oportunidad de extender las definiciones y lograr un enfriamiento. Especialmente si la discusión fuera sobre la validez de la nueva ley de subrogancias. La reforma procesal penal que votó el Congreso establece, en una de sus tantas normas, que en los aspectos referidos a la constitucionalidad de una ley (en este caso, la de subrogancias, promulgada hace quince días) la Corte tiene la obligación de remitir el caso a la oficina de la procuradora Alejandra Gils Carbó antes de dictar sentencia. Si éste fuera el caso, la procuradora tendría el control del tan mentado "timming político" que a los jueces les agrada cultivar.

El desafío de la ley de subrogancias es un atajo más conveniente en caso de que la Corte decida intervenir y, en definitiva, más legítimo que la polémica por Cabral, que además está generada por una causa relacionada con un pacto cuyo fin inicial ya está prácticamente fuera de cualquier agenda de relevancia.

Así como el Gobierno descree de la actitud de Teherán frente al memorando que nunca ratificó (algo que los propios abogados del Estado dan a entender), algo similar está sucediendo en los Estados Unidos, donde el Partido Republicano, que controla ambas cámaras del Congreso, se referencia en el caso local para señalar, a nivel interno, que fue un error táctico el acercamiento al Gobierno iraní tras el recambio político en dicho país.