20 de octubre 2009 - 00:00

Corte uruguaya declaró ilegal la amnistía

Montevideo - La polémica Ley de Caducidad que impide juzgar a militares acusados de violar los derechos humanos en la dictadura fue declarada inconstitucional por la Justicia uruguaya para un caso, afirmó ayer la fiscal de la causa, pocos días antes del referendo sobre su anulación.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia se aplica únicamente a la investigación por la muerte de Nibia Sabalsagaray en 1974, debido a presuntas torturas, luego de un pedido de la fiscal del caso, Mirtha Guianze. «Por unanimidad la declaran inconstitucional, es una posición de la Corte muy contundente, muy sólida», aseveró Guianze.

El próximo domingo, junto con las elecciones presidenciales y legislativas, los uruguayos votarán en una consulta acerca de la nulidad de la ley de amnistía sobre los hechos ocurridos durante la dictadura militar (1973-1985).

«En caso de anularse la ley no tendría sentido plantear otras inconstitucionalidades, pero en caso de que el plebiscito no alcanzara los votos, existe la posibilidad de plantearla para otros casos», comentó la fiscal. «Normalmente cuando la Suprema Corte tiene una posición, después emite lo que se llama decisión anticipada, que es más rápida», agregó Guianze.

Referendo

La amnistía, que fue aprobada por la ciudadanía en 1989, obliga a la Justicia a consultar al Poder Ejecutivo antes de comenzar una investigación por violaciones a los derechos humanos durante el Gobierno de facto.

Para que la norma sea derogada en los comicios del domingo, la votación por nulidad debe superar el 50% de las adhesiones. Según una encuesta de la consultora local Factum, un 45% votaría por la anulación de la ley y un 5% se inclina por la nulidad aunque mantiene ciertas dudas. Un 17% aún no decidió su voto.

Unos 200 uruguayos desaparecieron durante el Gobierno militar, la mayoría de ellos en la Argentina, en el marco de operaciones conjuntas de los servicios de inteligencia de las dictaduras de ambos países.

Pese a la medida, durante el Gobierno del presidente Tabaré Vázquez fueron condenados ocho ex militares y policías a penas de entre 20 a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos, y procesados los ex dictadores Juan Bordaberry (1973-1976) y Gregorio Álvarez (1981-1985).

Referentes de la política y de la cultura locales, entre los que se encuentran el escritor Eduardo Galeano y el actual candidato oficialista del Frente Amplio, José «Pepe» Mujica, avalaron con sus rúbricas el llamado a un nuevo plebiscito.

«Tengo la necesidad de que se haga justicia, que se reconozca y se investigue lo que pasó. Quiero tener el mismo derecho que tiene otro de que si a su mamá o a su papá les pasa algo, se investigue, se encuentre a los culpables y se los castigue», dijo ayer al sitio

Observa Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman.

«Esto se tiene que sanar de alguna manera. Y una vez que esto se dé, y creo que el punto de partida es la anulación de la Ley de Caducidad, poder vislumbrar un futuro», añadió Macarena, hija de María Claudia García. Ésta fue secuestrada embarazada en Buenos Aires en virtud del Plan Cóndor que coordinó las dictaduras del Cono Sur. García fue ejecutada y desaparecida tras dar a luz en cautiverio a Macarena, quien recién recuperó su identidad en 2000.

La derogación fue respaldada una vez más por Amnistía Internacional (AI). «Ha llegado la hora de que Uruguay muestre que no permitirá la impunidad para estos crímenes. A las víctimas se les debe justicia», indicó Guadalupe Marengo, subdirectora de la sección Américas de la organización.

La ley «viola la obligación internacional de Uruguay de proveer justicia y revelar las difíciles verdades de su pasado reciente» y por lo tanto «debe ser declarada nula», insistió.

Agencias Reuters, EFE y ANSA

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