Reemplazante de Gils Carbó ordenó 90 días para crear plan para combatir “extremismo” con unidad especializada por “grave amenaza” internacional. Roces y desembarco pleno.
Alejandra Gils Carbó
El procurador interino Eduardo Casal desembarcó al frente del Ministerio Público Fiscal con toda intención de reconfigurar su estructura y dejar atrás la gestión de Alejandra Gils Carbó, cuya renuncia será efectiva a fin de mes pero que en la práctica ya se retiró. La resolución PGN 3544/17 dio vida a la primera estructura creada durante el interinato que hasta ahora cuenta con buena acogida entre algunos fiscales y titulares de Procuradurías, pero que también implicó los primeros desplazamientos y pedidos de renuncia de otros. Ante la "grave amenaza del terrorismo internacional" y en base a las obligaciones de los Estados para mantener la paz y la seguridad, y ante la preocupación que genera las bases para su prevención (incluido su financiamiento) Casal dispuso la creación en un plazo de 90 días de una unidad fiscal antiterrorista, con un proyecto que coincida con los lineamientos internacionales en la materia.
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La misión de su confección estará a cargo de Juan Manuel Olima Espel, una de las tres personas que Casal hizo desembarcar de inmediato para tomar control de todas las áreas de la Procuración General para administrar la transición. Con el rol de Secretario de Coordinación Institucional Olima Espel tendrá que "realizar los estudios necesarios con miras a diseñar, con los recursos disponibles dentro de este ámbito, una estructura dedicada a facilitar y elaborar una estrategia institucional contra el extremismo violento y el terrorismo internacional". Hasta ahora, en el ámbito del Ministerio Público, la única fiscalía especializada en materia de terrorismo era la UFI-AMIA, dedicada con exclusividad a la investigación por el atentado ocurrido en 1994, pero que podía tener intervención en cuestiones colaterales vinculadas con el terrorismo. Fuentes judiciales prevén que podría entonces haber una fusión de áreas y especialidades dado que esa unidad fiscal que comandó hasta su muerte Alberto Nisman está dotada de personal y recursos con el objetivo de profundizar la pesquisa por la voladura. En otro extremo, cuestionan que esta decisión excede el marco de funciones que podría adoptar Casal antes de que se haga efectiva la renuncia de Gils Carbó.
El desembarco de Casal con Juan Pablo Ugarte, Olima Espel y Juan Manuel Casanovas como laderos para "normalizar" el organismo tuvo dispar recepción. Por orden del procurador en ejercicio se descabezó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) que hasta el último día de noviembre estuvo a cargo de la fiscal Cristina Caamaño. En otras direcciones también hubo desplazamientos. Se facultó a Ugarte los últimos días de noviembre a aprobar designaciones, contrataciones, traslados, horas extras y también rescisiones de contrato.
Los movimientos de Casal anticipan un interinato que podría no se corto como se pensó en un principio: sin acuerdo político para sacar una nueva ley de Ministerio Público, el nombre del sucesor de Gils Carbó permanece en las sombras. Casal se perfila decidido a dejar su propia impronta en los meses por delante.
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