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Crece malestar de los recibidores de granos
El reclamo se centra en la «correcta categorización» de los trabajadores a través de relevamientos e inspecciones en todas aquellas empresas y cooperativas directamente vinculadas a la actividad granaria «en cuyos establecimientos se encuentre trabajando personal que realice tareas encuadradas en las categorías contempladas en nuestro convenio colectivo de trabajo», aseguró el secretario general del gremio, Alfredo Palacio.
En total son aproximadamente 2.000 plantas (entre acopios, terminales portuarias, semilleros y controladores) en situación irregular y el gremio anticipó una época de conflictos. «De no regularizarse esta situación, a partir del inicio de la próxima cosecha profundizaremos nuestra lucha haciendo uso de todos nuestros derechos para normalizar estas irregularidades que atentan caprichosamente contra la integridad y el crecimiento de nuestra organización gremial», sentenció Palacio.
Además, la advertencia a dichas entidades fue remitida con copia fiel al Centro de Exportadores de Cereales y a la Cámara de Puertos Privados Comerciales, para que tomen «debido conocimiento», según un comunicado del gremio.
En este sentido, Palacio sostuvo que «además de esta expresa advertencia, estamos planteando esta irregularidad a las entidades que representan a las empresas y cooperativas del sector, dentro de la mesa paritaria en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación. También se lo hemos solicitado y advertido por nota con el listado de las empresas observadas, más de 2.000, y apelamos a la representatividad de estas entidades para que arbitren los medios necesarios para informar a las cooperativas y los establecimientos de todo el país la obligatoriedad del correcto encuadre de sus empleados».
El sindicalista aseguró que «han hecho saber los serios inconvenientes que nuestro gremio debe afrontar con estas empresas y cooperativas cuyo personal es presionado, perseguido y amenazado con futuros despidos cuando plantean la regularización del encuadre». Y agregó: «La conducta de estos empleadores que directa o indirectamente está dirigida a perturbar, obstruir o menoscabar el desarrollo de las asociaciones profesionales y sus representantes, como también a conculcar derechos que en su consecuencia se les reconocen a nuestros trabajadores, configurando una clara y manifiesta práctica desleal».
Ante las dudas que pudieran argumentar las empleadoras en falta respecto de la obligatoriedad del encuadre, el jefe de la URGARA, Alfredo Palacio, les recordó que «con fechas 15 de junio de 1995 y 21 de noviembre de 2006 se han suscripto sendos acuerdos en cumplimiento con la normativa legal vigente, tanto con el Sindicato de Empleados de Comercio como con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores UATRE, que rigen la materia en discusión».


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