Los jefes comunales de la oposición exigen que la tajada municipal del 15% de la coparticipación que recuperó Córdoba sea repartida desde enero y no desde septiembre.
Ramón Mestre y Juan Schiaretti
No cesa la escalada de tensión entre el Gobierno de Juan Schiaretti y los intendentes de Cambiemos, que le reclaman que amplíe a inicios de año el reparto de la tajada municipal del 15% de coparticipación que le devuelve el Gobierno nacional a la provincia de Córdoba tras un fallo de la Corte de noviembre pasado.
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La nueva estocada corrió en las últimas horas de parte del jefe comunal capitalino, el radical Ramón Mestre, en la antesala del encuentro que mantendrá mañana la mesa provincial de Cambiemos y en el que confirmarán la embestida judicial contra el Gobierno de Schiaretti en pos de recibir una mayor porción de fondos.
En juego, según trascendió, hay cerca de 2 mil millones de pesos.
"Decimos que sería muy importante que la provincia atienda los reclamos de los intendentes de coparticipación, no sólo del 15 por ciento sino la retroactividad, los fondos específicos y otros fondos nacionales que no se coparticipan con los municipios", enfatizó Mestre.
En esa línea, el jefe comunal capitalino y figura clave de Cambiemos remarcó que, "en la medida que se coparticipen esos fondos, los intendentes vamos a tener más recursos para tomar una medida, como otorgar un bono de fin de año".
Se trata de una movida de torsión para Schiaretti en medio de los reclamos salariales de los gremios, ya que ese condicionamiento mete presión sobre el Ejecutivo provincial si es que mantiene su tesitura de remitir la coparticipación adicional sólo desde septiembre, y no desde enero como exigen los municipios.
Schiaretti ancló el inicio de las remesas en septiembre, ya que en ese mes Córdoba cerró el acuerdo con el Gobierno de Mauricio Macri para el financiamiento del rojo previsional provincial, premisa contemplada en la ley de blanqueo sancionada en el Congreso en junio pasado.
Por de pronto, y en un signo de los tiempos de tensión, Mestre no participó del acto del pasado martes en el Centro Cívico en el cual el gobernador de Unión por Córdoba anunció el lanzamiento de una tarjeta social que beneficiará a 69 mil familias cordobesas indigentes.
Por ese plan alimentario esas familias accederán a una tarjeta social, donde se les acreditarán 630 pesos por mes para la compra de comestibles.
La iniciativa requiere de una inversión del orden de los $41 mil millones, parte de los cuales serán cubiertos por el Gobierno nacional, con la mirada puesta en atenuar los reclamos sociales de fin de año.
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