Creció el 15% fraude contra empresas

El vacío legal que hay en materia de fraude y la falta de controles por parte de la Justicia hacen muy vulnerables a las empresas locales. Al menos eso demuestra el estudio realizado por la consultora en prevención de riesgo Kroll junto a The Economist Intelligence Unit y que afirma que en promedio, cada una de las 890 empresas encuestadas a nivel mundial perdieron u$s 8,2 millones promedio en los últimos tres años por fraudes corporativos.
En tanto, las pérdidas por fraude promedio por compañía también registraron en la Argentina un aumento del 15% en relación con los resultados de la encuesta que Kroll hizo en 2007. El análisis asegura que las empresas locales pierden hasta el 20% de su facturación total por estos delitos.
El estudio evidencia, además, una preocupante realidad: la Argentina está dentro de los países que más delitos de este tipo registran. «Al mismo nivel que las economías más desarrolladas, como las de Estados Unidos y Europa», aseguró a este diario Diego Cano, director de FTI Consulting, empresa examinadora de delitos corporativos.
Esa modalidad delictiva en la Argentina creció el 3% en 2008, lo que significa que el 23% de las empresas encuestadas admitió haber sido víctima de algún tipo de crimen en su actividad. El rubro más afectado en el país es el comercio minorista, y son generados desde el área de compras, que suele tener gran peso, ya que es el sector encargado de negociar con los proveedores.
«Es muy común que los empleados de estas áreas cobren adicionales por ubicar cierto producto en góndolas más vistosas y en sectores preferenciales, o que extorsionen a los proveedores para que les envíen alguna cantidad de mercadería más barata y ellos se queden con la diferencia», explicó a pocos periodistas Matías Nahon, CEO de la filial local de Kroll.
Otro de los fraudes más comunes es la venta de productos truchos, desde medicamentos, juguetes, alimentos hasta jabones en polvo. «Venden un producto con la etiqueta de una marca, cuando en realidad es un placebo o es una imitación del original», explica el empresario.
De la mano del boom que tuvo en los últimos años la construcción (y que se frenó en octubre por la crisis internacional y local), crecieron los fraudes por sobreprecios por parte de las empresas constructoras.
Los laboratorios siguen en el podio de los sectores que más delitos corporativos registran, por la gran cantidad de dinero que mueven (algo tentador para quienes trabajan en estas firmas), así como también por el creciente número de robos de las fórmulas de los medicamentos, de las falsificaciones y la venta ilegal que prolifera en el país (basta el ejemplo de la feria La Salada, donde se comercializan ansiolíticos y antibióticos sin ningún tipo de regulación).
Según la encuesta de Kroll, el fraude corporativo que más creció en 2008 fue el robo de activos físicos (46% de las empresas encuestadas aseguró haber sido víctima de este delito) y de información (27%), conflicto de intereses en la dirección local (43%), malversación financiera (38%) y corrupción y soborno (34%). Sin embargo, para Nahon, de aprobarse la ley de blanqueo de fondos, el lavado de dinero será en 2009 uno de los principales delitos dentro del mundo empresarial.
«Esa ley no es más que un insulto para todos los que trabajamos contra el lavado de dinero», asegura el ejecutivo, quien explicó que el artículo 32 del proyecto de ley -que establece que quienes traigan al país capitales no declarados no están obligados a dar fechas ni a explicar el origen de los mismos- «es inexplicable».
Si bien la encuesta fue realizada antes del derrumbe de los mercados financieros en todo el mundo, el ejecutivo anticipó que 2009 «será un año peor en materia de fraudes, sobre todo en los países menos desarrollados, como la Argentina, ya que éstos aumentan a medida que se deterioran las condiciones para los negocios, porque se incrementa la rotación de personal y se debilitan aún más los controles».
Los especialistas aseguran que hay algunos mecanismos para combatir los fraudes corporativos, como el control del e-mail y de las llamadas telefónicas (previo aviso a los empleados) o el bloqueo de copiado de información a CD, DVD y puertos USB, pero aseguran que son insuficientes si no hay un marco legal que acompañe.
«No hay ningún tipo de control por parte del Estado, como sí pasa en los Estados Unidos. Eso, sumado a que las compañías muchas veces hacen todo lo posible para evitar que trascienda que sufrieron algún fraude para no perjudicar su imagen o cotización, dificulta más la tarea de relevar este tipo de delitos», concluyó Cano, de FTI.