Crisis traba u$s 180 M para obras en Capital

Como una complicación adicional a los avatares judiciales de Mauricio Macri, no sólo el PRO ve caer su propuesta de juicio político, sino, además, la sanción de leyes clave para la administración porteña. El conflicto en torno a la conformación de una comisión que investigue las presuntas responsabilidades del Gobierno de la Ciudad en la causa escuchas, terminó también trabando en la Legislatura la disponibilidad de u$s 180 millones que el Gobierno porteño busca para reparar escuelas y encarar obras viales.

Si bien la oposición se negó a formular una excepción para que el dinero del remate de terrenos fiscales en Catalinas (que por ley están destinados a la construcción de nuevas escuelas), se use para obras ya en curso dentro del área educativa, el PRO había llegado a otro acuerdo para aumentar la caja de ese ministerio.

Esa conciliación, incluso, tiene fecha para votarse en el recinto el jueves de la semana que viene y consiste en el permiso de echar mano al dinero que el Gobierno porteño colocó en bonos. Como también el fondo de los bonos tiene destino fijo, que es la construcción de subtes, pero cuando se tomó aún ni siquiera estaban listos los pliegos para licitar la continuación de la línea H, el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, los puso en un plazo fijo en el Banco Ciudad de Buenos Aires, de libre disponibilidad. Un poco más de la mitad de ese fondo sería ahora girada a otras dependencias como una suerte de préstamo. Ayer, el Gobierno porteño anunció que a través de la estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) ya se lanzó la licitación para ampliar la red del transporte, lo que podría generar una predisposición mejor de los legisladores.

Temor

Pero el PRO teme que la Legislatura no retome la rutina como para destrabar ése y otros proyectos de ley que quedaron cajoneados cuando impactó la confirmación del procesamiento de Macri por parte de la Cámara Federal, hasta tanto se resuelva mediante qué mecanismo se investigará al mandatario (ver nota aparte). Es decir, hasta el 12 de agosto, pautado para la sesión que resolverá el tema.

El oficialismo porteño cree que logrará aplacar la crisis dentro de la Legislatura, una vez que comience a debatirse en comisión (el martes que viene) la iniciativa de iniciar un proceso de juicio político al jefe de Gobierno, o con más probabilidades, la de crear la comisión investigadora que piden los opositores. De ese modo, podría sancionar la ley que le destinará al Ministerio de Educación que conduce Esteban Bullrich, con u$s 30 millones, que la dependencia deberá reintegrar de su presupuesto para el año que viene, directamente al SBASE, que no lo utilizará hasta que resuelva la concesión de las obras. En esa misma ley que permitirá el uso del dinero de los bonos se le prestarán a la estatal Autopistas Urbanas SA (AUSA) u$s 150 millones para construcción de pasos a nivel y otras obras viales que son las que realiza esa dependencia. AUSA deberá también reintegrar el dinero, pero en medio de la polémica por la posibilidad de un enjuiciamiento al jefe de Gobierno, la oposición pareció endurecer su postura en cuando a prestarle los votos al oficialismo para la sanción de esa iniciativa.

Aunque la Legislatura no estuvo formalmente de vacaciones, para los diputados ya fue suficiente con haber sesionado dos veces la semana pasada, debates que giraron en torno al mismo tema de la situación procesal de Macri. Por eso esta semana prácticamente no hubo actividad, ni ayer sesión ordinaria.

El jueves de la semana pasada en el recinto y, a pesar de se resolvía una fecha para sancionar el proyecto de ley que investigará a Macri, sólo hubo 45 de los 60 legisladores. Esta semana contó con ausencias tanto de la oposición como del oficialismo, lo que le costó al PRO una semana extra para intentar desempolvar los expedientes que tenía previsto que se sancionaran en julio.