Cristina en guerra con oposición por un veto a la ley antilavado

Comienza hoy en México Asamblea del GAFI donde se debatirá la situación de la Argentina

Julio Alak, José Sbatella, Miguel Pesce

La oposición estalló de ira ayer en el Congreso al conocer el decreto de Cristina de Kirchner que promulgó la ley antilavado vetando uno de sus artículos: el que le prohibía a la UIF actuar como querellante en las causas de supuesto lavado. La cuestión no es menor: con esa decisión la Presidente violó el acuerdo parlamentario que le había permitido al Gobierno lograr el quórum y sancionar la ley antilavado a tiempo para llevarla a la Asamblea del GAFI que comienza a sesionar hoy en México e intentar así esquivar una sanción de ese organismo.

Ese acuerdo, en el que participaron todos los bloques opositores, se basó en aceptar la votación del proyecto oficial, pero introduciendo algunas modificaciones que restringieran el poder discrecional en la UIF. El punto más complicado fue el pedido del Gobierno de otorgarle a la UIF, dirigida por José Sbatella, la potestad de actuar como querellante en las causas.

Insistencia

La oposición sostuvo que sólo la fiscalía podía llevar adelante la acción en un proceso donde la UIF no puede actuar como investigador y querellante al mismo tiempo. De hecho se insistió, inclusive con apoyo de la delegación del Gafisud que visitó Buenos Aires hace dos meses, en que debía recortarse cualquier peligro de que la UIF utilizara el control contra el lavado como una herramienta política.

Pero en la promulgación de la ley que se publicó ayer en el Boletín Oficial el Gobierno olvidó ese acuerdo parlamentario que aceptó cerrar cuando le rogó al Congreso, en medio del apuro, que votara cuanto antes la ley antilavado.

Ayer, la oposición prometió no volver a sentarse a negociar una sola ley con el Gobierno, en medio de las protestas generalizadas de los bloques. Esta costumbre no parece nueva en el kirchnerismo: Miguel Bonasso se quejó y terminó de irse del oficialismo cuando Cristina de Kirchner vetó la Ley de Protección de Glaciares, un episodio que también cruzó al Gobierno con Daniel Filmus.

La decisión fue publicada ayer en el Boletín Oficial junto con la promulgación de la Ley 26.683 a través del decreto 825. El artículo 25 de la norma establecía que la UIF no podía «constituirse como parte querellante en procesos penales» vinculados a casos de lavado de dinero.

Pero el Gobierno ahora consideró que es «necesario» que el organismo encabezado por Sbatella esté facultado para «intervenir como querellante en procesos en los que se investiguen delitos tipificados por la Ley 25.246 y sus modificatorias».

Querellante

La UIF actúa como querellante en causas en las que investiga las actividades de presuntas asociaciones ilícitas, como el caso de la «mafia de los medicamentos».

Mientras tanto, en México comenzaron ya las reuniones previas del GAFI y hoy sesionará la Asamblea donde se debatirá el caso Argentina. Julio Alak se reunió ayer en México con el presidente del GAFI, Luis Urrutia Corral, para abrir las conversaciones. Junto a Sbatella, el vicepresidente del BCRA, Miguel Pesce; el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, y el embajador ante los organismos internacionales en Viena, Eugenio Curia, hicieron el desembarco oficial en la Cumbre.

Alak se presentará hoy ante el pleno del organismo para exponer la posición argentina, pero la decisión del organismo que le reclamó a la Argentina modificaciones en su controles al lavado de dinero en la última reunión de París recién se conocerían el viernes.

En la delegación argentina no creen que existan sanciones contra el país en esta oportunidad. Habrá una declaración del Gafisud en apoyo a la Argentina por los avances obtenidos, es decir, por la sanción de la ley en la que se introdujo el tipo penal de lavado de dinero como delito autónomo, tal como fue promulgado ayer por Cristina de Kirchner.

Pero la Argentina no zafará definitivamente de su posición de país observado. El GAFI, cree el propio Gobierno, dirá que no puede expedirse sobre esas reformas que le exigió al país por haber sido sancionadas muy recientemente. Pedirán entonces tiempo para analizar la ley.

El problema es que para el GAFI sólo con la nueva ley no alcanza. Cuestionan que la Justicia no sea más activa en el combate al lavado de dinero y se objeta el funcionamiento de la UIF en cuanto al análisis de los reportes de operaciones sospechosas que elevan los bancos. En ese punto está el escándalo por el caso Schoklender y Madres de Plaza de Mayo, donde la acusación principal recae en que la UIF había recibido denuncias de dos bancos y de la Coalición Cívica hace un año sin haber movido la investigación.