Cristina no quiere campaña anti-K

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El "Ella o vos" de Francisco de Narváez, la "Fe" de Gerónimo "Momo" Venegas, las ganas de Carlos Melconian de formar "equipo" con Mauricio Macri y la autoinvocación de Margarita Stolbizer respecto de que "todavía hay gente en quien confiar". Las cuatro piezas -publicitarias y políticas- rotan en las radios o saludan desde la vera de las autopistas y las avenidas.

Las cuatro se amontonan en un expediente iniciado la semana pasada en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría, la jueza federal con competencia electoral, tras una presentación realizada por el PJ, que acusa a los cuatro dirigentes de transgredir la ley que prohíbe la propaganda fuera del plazo "legal" establecido para hacer campaña.

El texto, que fue presentado por el apoderado Jorge Landau, ingresó a mitad de la semana pasada al juzgado que lo tiene, desde entonces, "en vista". El escrito fue motorizado desde el peronismo, contó con el guiño de la Casa Rosada y pasó, además, por las manos de Daniel Scioli que desde la muerte de Néstor Kirchner tiene a cargo la jefatura formal del partido.

Sin embargo, la presentación no lleva la firma del gobernador.

Campañismos

Farragoso, el expediente adjunta "prueba documental" sobre loas avisos radiales de De Narváez que tienen, además, su versión en publicidad callejera, donde el diputado anti-K plantea un antagonismo entre "ella", invocando innominadamente a Cristina de Kirchner, y "vos" interpelando al votante. Todo en un rojísimo tono De Narváez.

También hay documentación de la cartelería de Melconian que aparece como uno de los posibles -el otro es, aunque con menos visibilidad por ahora, Guillermo Montenegro- como candidatos del PRO para competir en la provincia de Buenos Aires. El economista, ahora despojado de su bigote (el primer consejo que los consultores les dan a los hirsutos es afeitarse), sonríe casual desde las gigantografías.

Lo mismo hace la presentación con la afichería que muestra a Venegas, jefe del gremio de los peones rurales, sonriente y recortado en un marco de esperanzador verde casi fluorescente. Y con Stolbizer, la titular del GEN y socia del FAP de Hermes Binner, a la que los publicistas le destacan los ojos celestes y luminosos, bajo el eslogan "Todavía hay gente en quien confiar".

En ningún caso, por mera prevención, aparecen datos referidos a candidaturas, listas o cargos, pero, según el criterio que expone la presentación del peronismo, la actitud de los dirigentes que figuran en las campañas es claramente electoral.

La primera caza de brujas campañísticas alcanzó a esos cuatro dirigentes opositores, aunque una simple recorrida callejera permite detectar a muchos otros que, como los denunciados, empezaron el proceso de "instalación" de cara a las primarias de agosto y las definitivas generales de octubre. De hecho, este fin de semana, el FAP de Binner anunció públicamente el inicio de la campaña electoral.

El peronismo se convirtió, con su denuncia, en un voluntarioso custodio de la ley que el Gobierno impulsó en 2009, luego de la derrota de Kirchner ante el trío De Narváez-Macri-Solá el 28 de junio, y que instauró el régimen de las primarias obligatorias, pero, además, introdujo variables y parámetros en la propaganda electoral.

El origen de ese tramo de la iniciativa, aunque toma experiencias de otros países, fue "limitar" la publicidad que en aquella elección, con una monumental y costosa campaña, instaló a De Narváez como el rival de Kirchner. La norma, votada ese mismo año, convirtió al Estado en financista de la campaña en medios y prohíbe la propaganda fuera de los "cupos" que mediante sorteo y en proporción por los votos obtenidos en la elección anterior, reparte y paga el Estado en los medios.

Un capítulo entero de la Ley de Primarias, la 26.571, se dedica a la cuestión de la campaña y su artículo 31 especifica que la "campaña electoral" comienza 30 días antes de la elección, mientras que la publicidad en medio sólo puede realizarse cuando faltan 20 días para la votación. El régimen es similar para las primarias y las generales y, en paralelo, prohíbe la difusión de encuestas -desde 15 días antes- y los actos de Gobierno.

En ese marco aparece la limitación a un período de 30 días, el tiempo para "campañas" de tipo electoral.

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