Cristina se garantizó también superpoderes

Los radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales reclamaron ayer, durante el debate sobre los superpoderes, que el Gobierno se limite en el uso de los DNU para modificar el Presupuesto nacional.

«El diálogo está terminado», sentenció anoche el radical Gerardo Morales. La protesta contra el Gobierno no sólo tenía que ver con la sanción de la prórroga de las facultades delegadas en el Senado, sino también con la aprobación del proyecto oficial que reforma el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera para, supuestamente, limitar al 5% del gasto total los superpoderes al Ejecutivo para modificar el Presupuesto de cada año. Ese proyecto dejó afuera de la limitación a la mayor cuenta del Presupuesto nacional, la Jurisdicción 91-Obligaciones a Cargo del Tesoro, que maneja fondos establecidos en la Ley de Presupuesto para asistencias múltiples a provincias, entidades financieras y planes sociales. Pero como además recibe los excedentes de recaudación, el saldo de ingresos y egresos de esa cuenta se vuelve incontrolable para el Congreso. De ahí que el límite real se eleve a casi el 15% del gasto total.

Pero además, el radicalismo, la Coalición Cívica, el peronismo disidente y el socialismo cuestionaron en el recinto que el Gobierno utilizara como principal arma para reasignar gasto o incrementarlo los decretos de necesidad y urgencia. La historia les da la razón: en 2008 mediante un solo DNU, Cristina de Kirchner incorporó fondos y reasignó partidas por mas de $ 36.000 millones (por el Decreto N 1472 del 15 de setiembre), mientras que en el uso puro de los superpoderes sólo se modificaron partidas por alrededor de $ 6.000 millones.

Ataque

El radicalismo había llegado al recinto con un proyecto propio que proponía volver a la redacción original del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera. Es decir, derogar la reforma a ese artículo que el Gobierno hizo en agosto de 2006, cuando se le otorgaron al jefe de Gabinete, por entonces Alberto Fernández, los superpoderes en forma permanente. Hasta ese momento el Gobierno debía negociar esas facultades especiales cada año cuando el Congreso debatía el Presupuesto nacional.

Por la oposición, el ataque al proyecto oficial, que fue anunciado por Cristina de Kirchner hace un mes durante una convocatoria a los bloques oficialistas a la Casa Rosada, comenzó con los discursos de Morales y el mendocino Ernesto Sanz: «Si tenemos que agradecer el proyecto, no hay una buena lectura de la realidad», dijo el presidente de la UCR, «Expresamos nuestra más firme oposición al esquema de superpoderes porque está visiblemente relacionado con inseguridad jurídica».

«El esquema de superpoderes de la actual gestión kirchnerista se sostiene en tres patas. El artículo 37º de la Ley de Administración Financiera, los DNU que modifican las partidas presupuestarias, y las leyes de emergencias», dijo el jujeño. «No se le puede dar al JGM la facultad de modificar la decisión colectiva del Congreso», siguió Morales.

Carlos Reutemann, que no acostumbra participar de los debates, también tomó la palabra, quizás para reforzar la posición en medio del escándalo que ayer continuaba por la firma de Roxana Latorre en el dictamen oficial de Facultades Delegadas: «Rechazo al proyecto de ley», comenzó, y agregó que «resulta constitucional y políticamente valido que el Poder Ejecutivo disponga de atribuciones para el manejo presupuestario. Pero no voy a avalar un proyecto que permite al Gobierno, por una mera decisión propia modificar el plan de inversiones y el plan de Gobierno. De ninguna manera se pretende limitar la función del Gobierno limitando su accionar», sentenció.