Critican injerencia del Ejecutivo en elecciones

La Cámara Nacional Electoral aprovechó uno de los últimos pronunciamientos que se conocerán de este tribunal antes de la votación del domingo para recordar al Ejecutivo sus críticas sobre la mayor injerencia de este poder en los actos electorales a partir de la reforma política y el conocido reclamo de autarquía presupuestaria.

Una vez más, el máximo tribunal electoral del país utilizó un planteo lateral para sentar posición sobre aspectos más profundos del sistema.

Garantía

Como han señalado en repetidas ocasiones, los camaristas Santiago Corcuera, Alberto Dalla Via y Rodolfo Munné enfatizaron además que, desde la aprobación de la Ley Sáenz Peña, en 1912, «la intervención judicial es la máxima garantía de imparcialidad» en la organización de las elecciones en la Argentina y que, sin embargo, sigue dependiendo de la asignación de una partida presupuestaria especial por parte del Ejecutivo. En este punto, el tribunal resaltó que en la mayoría de los países se reconoce a la Justicia electoral autarquía presupuestaria, a diferencia de la Argentina.

La Cámara también recordó sus reservas respecto de que el Ejecutivo intervenga, a través de la Dirección Nacional Electoral, en algunos aspectos administrativos y logísticos de los actos electorales. Enfatizó que «la última reforma electoral (Ley 26.571) aumentó la injerencia del Ministerio del Interior en materia de distribución de los aportes públicos destinados a las agrupaciones políticas» y de «la administración y distribución de las únicas pautas publicitarias que pueden utilizar dichas organizaciones».

El otro punto oscuro que destaca la Cámara es el del escrutinio provisorio -también a cargo del Ministerio del Interior- al que los magistrados aluden como un «invariable objeto de preocupación», especialmente porque tiene gran visibilidad pública, pero nula validez legal.

Este resumen de reclamos y preocupaciones del tribunal principalmente dirigido al Ejecutivo se intercaló en una resolución que se vinculaba justamente a la recusación de funcionarios públicos con injerencia en el proceso electoral.

Involucrados

La demanda presentada por Oscar Viera reclamaba que fueran apartados de la organización de los próximos comicios los funcionarios que son candidatos a cargos públicos o aportantes del Frente para la Victoria por supuesto conflicto de intereses. El demandante, puntualmente, pedía la recusación de Cristina de Kirchner; el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; el ministro del Interior, Florencio Randazzo; y el director nacional electoral, Alejandro Tullio, entre otros.

Si bien la Cámara desestimó el planteo al argumentar que ninguno de los funcio-narios objetados tenían «participación directa en la administración electoral en términos concretos», el tribunal sí aprovechó para resaltar que la relación indirecta de éstos con actividades en la administración electoral «no contribuye, ciertamente, a afianzar la percepción ciudadana de transparencia e imparcialidad que debe caracterizar a los actos electorales».

La respuesta a este dilema es clara para la Cámara y reside en la autarquía presupuestaria y la responsabilidad de todo el acto electoral, como ya ha señalado en numerosas oportunidades.