Criticó la Justicia a Gobierno y Congreso por no reformar elecciones

La Cámara Nacional Electoral, máxima autoridad en la materia, criticó ayer a los poderes políticos, es decir al Ejecutivo y a Legislativo, por no adoptar medidas para mejorar la transparencia y organización de los comicios, de acuerdo con los problemas que el tribunal había señalado en las elecciones presidenciales de 2007.

En una acordada extraordinaria firmada ayer, los camaristas Santiago Corcuera, Rodolfo Munné y Alberto Dalla Vía iniciaron el debate que será uno de los protagonistas a partir del domingo 28: la transparencia de los comicios y el escrutinio provisorio de los votos, que, según ya había adelantado el tribunal, va a ser «arduo y complejo». En especial, en el distrito clave para el oficialismo y la oposición: la provincia de Buenos Aires, territorio ferozmente disputado por Néstor Kirchner y Francisco de Narváez.

El escrito empieza de manera clara y concisa, con una referencia a los «contratiempos» que se produjeron en las elecciones de 2007, que, según señala el tribunal de alzada, debían llevar a un debate «inexorable» sobre las normativas y prácticas electorales en el país. «A mediados de 2008, el tribunal dispuso adoptar una serie de medidas para actualizar y subsanar las deficiencias», recuerda la acordada y subraya que «lamentablemente, los poderes políticos no han atendido estos requerimientos».

Además de la postura defensiva que establece la Cámara, frente a las posibles quejas sobre los comicios desde la oposición y la prensa, el escrito también destaca todo este proceso de revisión de medidas que ha impulsado el tribunal se complicó por el adelantamiento de las elecciones. Un mínimo pase de factura de los camaristas, quienes no fueron consultados por ninguna autoridad del Ejecutivo, cuando decidieron intempestivamente cambiar la fecha de los comicios.

Hay otro punto central en la acordada: la Cámara se distanció de manera tajante del escrutinio provisorio que va a dar un ganador para los titulares de los diarios del lunes, pero que no tiene ninguna dimensión legal. «Pese a la trascendencia que reviste, la organización, desarrollo y difusión del cómputo provisional se encuentra a cargo del Ministerio del Interior -único responsable de esa tarea- y fuera del ámbito de competencia de la Justicia Nacional Electoral», enfatiza el escrito. Y no conforme con esta precisión, luego recalca que a la Cámara «no le ha sido conferida ninguna participación en las operaciones atinentes a su diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión de los resultados; ni tampoco en la contratación de prestadores de servicios a tales afectos».

El tribunal de alzada hace un recuento de todas la medidas adoptadas por las secretarías electorales para prevenir los problemas de 2007, como reducir la cantidad de votantes por mesa, agregar un delegado electoral por establecimiento, tener una reserva de voluntarios para ser autoridades de mesa, y publicar toda la información electoral en su página web oficial. Pero, sin duda, el eje de la acordada son las críticas mencionadas.

La acordada fue respondida ayer por el Ministerio del Interior a través de un comunicado en el que resalta que actúa como «auxiliar de la Justicia» aportando los recursos necesarios, pero que la organización de los comicios, el escrutinio definitivo y la proclamación de los candidatos electos son de exclusiva competencia de la Justicia electoral. También subraya que «en el proceso electoral argentino los votos los cuentan las autoridades de mesa que son nombradas por la Justicia electoral» y aclara que el escrutinio provisorio se realiza con los telegramas completados por las autoridades de mesa y controlados por los fiscales partidarios.

El director nacional electoral, Alejandro Tullio, además, negó que el escrutinio iba a ser complejo y arduo, como había señalado la Cámara e insistió en que a partir de las 21.30 habrá datos publicados, sin precisar de qué distritos. El escrutinio provisorio es una vieja batalla del tribunal de alzada con el Gobierno, ya que es una especie de resultado electoral apócrifo que, sin embargo, dicta la pauta de ganadores para el conteo posterior de votos por parte de la Justicia. La singularidad de tener dos escrutinios independientes evita la posibilidad de que los diarios dictaminen ganadores según las encuestas por boca de urna, como en otros países, pero cualquier diferencia entre los dos escrutinios es terreno fértil para denuncias de fraude y sospechas respecto del funcionamiento del sistema electoral.