La oposición pidió a otros países seguir los pasos de EE.UU. El oficialismo utilizará a la Asamblea Constituyente para castigar a dirigentes.
Caracas - El Gobierno de Nicolás Maduro acusó ayer a la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de impulsar una guerra contra su propio país, al apoyar las sanciones financieras de Estados Unidos y pedir a otras naciones que eviten operaciones financieras con Caracas.
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"Es una petición de guerra contra Venezuela", señaló el Ejecutivo en un comunicado que fustigó a la MUD por respaldar las medidas del presidente Donald Trump. Para el Gobierno, "parece imposible de creer que se muestre abiertamente servil a los intereses foráneos y pida una intervención militar".
La declaración de la alianza opositora se enmarca en el "odio" y tiene un "corte guerrerista, antipatriota, antinacionalista y antiintegracionista", agregó el texto.
El domingo por la noche, en un comunicado, la dirigencia antichavista consideró que "sanciones de quién sea a vagabundos, violadores de derechos humanos y saqueadores de los recursos públicos siempre contarán con nuestro apoyo, en ausencia de una justicia imparcial en Venezuela".
"Solicitamos a toda la comunidad internacional advertir a todos los ciudadanos y empresas de sus respectivos países que deben abstenerse de efectuar operaciones financieras o contratos de interés nacional" con Venezuela sin aprobación de la Asamblea Nacional (AN, parlamento), de mayoría opositora, indicó la MUD.
Ayer, Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), anunció que el cuerpo investiga al jefe del parlamento, Julio Borges, por supuestamente alentar las sanciones financieras estadounidenses.
"Forma parte de la investigación porque activamente suscribió comunicaciones pidiendo bloqueo financiero contra Venezuela, rechazando inversiones internacionales contra el país", dijo.
El proceso contra Borges fue solicitado por el presidente Maduro, quien pidió enjuiciarlo por "traición a la patria", un delito castigado con cárcel.
El viernes, Trump prohibió por decreto negociar deuda emitida por Venezuela y su estatal petrolera PDVSA, lo que dificultará la refinanciación de la fuerte carga de deuda de la empresa, en momentos en que pensaba buscar aligerar sus próximos pagos, como lo hizo en 2016, lo que usualmente requiere nuevas emisiones.
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