Cubren IGJ: clave para empresas (y señal a jueces)

• NOMBRA ABOGADO CERCANO A ANGELICI.• LA CARRERA POR AFA.

Daniel Angelici

El abogado Sergio Brodsky fue designado ayer al frente de la Inspección General de Justicia (IGJ). Se trata de un área sensible

por sus implicancias en distintas causas judiciales y también por su rol en el ámbito empresarial. En los últimos años ha sido centro de duros cuestionamientos especialmente por la gestión del kirchnerismo juvenil.

El titular de la IGJ es un hombre fuertemente vinculado a Daniel Angelici, gestor judicial del Gobierno. Su designación confirma la ascendencia del boquense sobre la cartera de Justicia.

Este crecimiento adquiere una tonalidad especial si se considera que Angelici tendrá influencia sobre dos áreas de extremo tecnisismo. El desembarco de Brodsky en la IGJ y el de Carlos Balbín en la Procuración del Tesoro (jefatura de los abogados del Estado por estos días rutilante en el affaire de los hold-outs) terminan por expresar que la política agonal no es el único hábitat del boquense. La IGJ tiene además un rol central en la organización de la elección de la AFA, entidad que Angelici querría conducir en competencia con el showman Marcelo Tinelli.

A diferencia de otros despachos donde el traspaso fue estrambótico, en el caso de la IGJ primó la cordialidad. Diego Cormik se reunió en múltiples ocasiones con asesores de Germán Garavano (a quienes sorprendía permanentemente con su look informal) y casi siempre mostró buena voluntad.

El desafío del nuevo Inspector es enorme. La IGJ requiere una remodelación de su sistema operativo que la vuelva más confiable -ha sido habitual que se "extravíen" expedientes- y también más eficiente. La demora para constituir sociedades (a veces hasta tres meses) o bien para clausurarlas no tiene parangón con otros países de la región. Esto afecta directamente el clima de negocios porque atenta contra los preceptos mínimos de seguridad jurídica.

Es tal la burocracia para inscribir una compañía que ya varias firmas internacionales con operaciones en el país optan por inscribirse en la provincia de Buenos Aires. El otro punto de conflicto es la discrecionalidad de la entidad para brindar información sobre la composición accionaria de una empresa o los datos sobre su último balance. Trabas que desalientan movimientos en los distintos mercados porque complican de antemano cualquier proceso de "due-dilligence".

A nivel estructural todavía queda pendiente el debate sobre si la IGJ debería traspasarse al ámbito de la Capital, cuestión ya planteada en instancia judicial.

La entidad se acorazó apenas estalló el escándalo Ciccone y su compra a través de la misteriosa firma The Old Fund, ligada a Amado Boudou, procesado penalmente por este caso que se encamina al juicio oral. El Estado argentino estatizó una compañía sin llegar a conocer quiénes eran todos sus propietarios. La explicación oficial fue que para conocer esos datos se debía demostrar un "interés legítimo".

El año pasado el organismo fue allanado por orden del juez Claudio Bonadío, quien requisaba información en el marco del caso Hotesur. Tiempo más tarde Cormik le impondría una multa a dicha sociedad.

Al margen de estas tramas de alta política, el funcionamiento del organismo se ha visto condicionado por otros "emprendimientos" de tipo criminal que también terminaron en los tribunales de Retiro, como una causa por venta de información que se realizaba desde el interior del organismo.