Cuenta regresiva para la pericia

La Justicia avanzará esta semana con la pericia sobre el accidente del tren en la estación de Once, y cuyo resultado Cristina de Kirchner demandó para los próximos 15 días. En Tribunales estimaban anoche que el jueves a más tardar comenzarán a trabajar dos especialistas de la Universidad de Buenos Aires y uno de la Corte Suprema, de acuerdo con la orden que dictó el juez federal Claudio Bonadío. Y deslizaron que la mandataria enunció ese plazo con el conocimiento de los tiempos que demandaría conocer las conclusiones del estudio.

El magistrado, además, deberá analizar los pedidos que le hizo el fiscal Federico Delgado respecto de posibles testimonios y análisis del uso que Trenes de Buenos Aires (TBA) hizo de los subsidios entregados por el Gobierno en los últimos años.

La jefa de Estado envió ayer un mensaje a los investigadores al afirmar que las medidas que tomará respecto de las responsabilidades por la tragedia, que ocasionó la muerte de 51 personas, dependerán del resultado de los análisis periciales. Si bien se presumía que ayer mismo comenzaría el trabajo de los peritos, las partes involucradas en el expediente dijeron no haber recibido todavía las notificaciones correspondientes. La comunicación a las partes es un paso previo en general ineludible, lo que hace presumir que los estudios arrancarán recién el jueves.

En tanto, Bonadío comenzará a recibir hoy los escritos de abogados con los pedidos de afectados directos por el accidente para constituirse como querellantes. También, en función del anuncio que hizo la semana pasada el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, el magistrado debería recibir el pedido formal del Ejecutivo para ser tomado como querellante en el expediente. Bonadío deberá ponderar si, a pesar de las eventuales responsabilidades del Estado por sus funciones de control de TBA, acepta su incorporación a la causa. En Tribunales recordaron varios casos de jueces que, si bien aceptaron como querellantes a organismos públicos, los funcionarios de esos entes pudieron ser acusados y procesados.

De momento, el único imputado en el expediente es Marcos Córdoba, el maquinista de 28 años de la formación siniestrada. El trabajador, que también sufrió heridas, declaró y fue excarcelado el viernes por orden de Bonadío, a pesar de la opinión en contrario del fiscal Delgado, para quien su liberación era prematura para el estado incipiente de la investigación.

El sindicato de maquinistas de trenes, La Fraternidad, salió ayer en defensa de Córdoba al destacar ayer en un comunicado que los tests de alcoholemia en orina y sangre dieron negativo y que el empleado «hizo todas las maniobras correspondientes para detener la formación». Y afirmó que «el sistema de frenos no funcionó».

También desmintió versiones según las cuales el maquinista había advertido por radio el mal funcionamiento de los frenos y que desde la empresa se le había exigido continuar la marcha. El secretario de prensa del gremio, Horacio Caminos, agregó que Córdoba fue «tratado mal» durante su internación en el hospital en que fue asistido por sus heridas, y que durante ese lapso estuvo esposado.

Bonadío deberá decidir también respecto de los pedidos que le elevó el viernes Delgado. El fiscal sugirió «interrogar a las personas que operan el servicio», y sobre el punto propuso «escoger al azar a maquinistas, mecánicos y otros empleados que van a explicar de propia mano» el estado del servicio y de la infraestructura de TBA.