Cuñado de Macri también era pinchado

Norberto Oyarbide

El marido de Sandra Macri, hermana del jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, declaró ayer ante el juez Norberto Oyarbide, en la pesquisa que investiga las intervenciones supuestamente ilegales al empresario Carlos Ávila y a Sergio Burstein, integrante de la Asociación de Familiares de las Víctimas del atentado a la AMIA.

El testimonio de Néstor Daniel Leonardo surgió a partir de la confirmación de que su celular también había sido pinchado en la misma causa que Ávila y Burstein, entre junio y julio de 2008. La intervención había sido dispuesta por el juez de instrucción de Misiones, Horacio Gallardo, en mayo de 2008, mismo mes en el que Ciro Gerardo James, principal imputado en el caso, firmó un contrato por $ 57 mil con el Ministerio de Educación, donde se habría desempeñado como «asesor informal» de la jefa de Gabinete de la cartera, Roxana Barroso.

En su declaración ante el juez, el cuñado del jefe de Gobierno apuntó contra la familia de Sandra Macri como los posibles responsables de las escuchas, ya que se opusieron desde el principio a su casamiento.

Leonardo, parapsicólogo y auxiliar de enfermería y sin ningún tipo de conexiones políticas o económicas, agregó que durante la época en que se registraron las escuchas habría tenido fuertes cruces con el empresario Franco Macri, quien hasta le habría ofrecido dinero para alejarse, según declaró. Señaló, además, que la familia habría intentado influir en la decisión de Sandra Macri, reduciendo su patrimonio que habría disminuido de unos $ 18 millones a 10 millones.

Los casetes de las escuchas al cuñado de Mauricio Macri fueron también retirados y trasladados a Misiones por James, como en los casos de Ávila y Burstein. El juzgado confirmó también el abogado Francisco Castex, representante de importantes empresas como Exxon, fue intervenido desde febrero de 2008, también por orden del juez Gallardo. Castex, quien se presentó ayer como querellante y declaró como testigo, trabaja para el estudio de abogados de Alfredo Iribarren, que tiene como clientes a importantes empresas como CableVisión, Carrefour, Telecom Italia y Torneos y Competencias. Se identificaron, además, escuchas a dos gerentes de compras de la empresas Coto.

En el juzgado señalaron que la pesquisa apunta a un importante caso de espionaje comercial, en el que también fueron incluidas otras personas por otros intereses (como podría ser el caso de Burstein y de Leonardo). Oyarbide solicitará hoy al fiscal Jorge Di Lello que requiera una ampliación para que se investiguen estos hechos y no descartan citar a indagatoria a los involucrados. Es difícil que la causa que tantos problemas trajo al Gobierno porteño se desacelere: el juzgado tiene entre 10 y 15 teléfonos pinchados que siguen en proceso de identificación.