El previsible búmeran de la judicialización de decisiones de política económica con la causa dólar futuro tuvo ayer su segundo daño colateral con la decisión de la fiscal federal Paloma Ochoa de imputar al presidente Mauricio Macri, al ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay y al titular del BCRA, Federico Sturzenegger, por la emisión de Lebac. Tras la denuncia del kirchnerismo que también involucraba la toma de deuda por parte de la administración Cambiemos, y a consecuencia de la confirmación del procesamiento de Cristina de Kirchner, será ahora el juez Daniel Rafecas quien decida si la cuestión debe ser analizada como un posible delito de "administración infiel en perjuicio del Estado". La visión sobre esto no es uniforme, pero el riesgoso precedente sentado por la Sala II de la Cámara abrió una puerta con consecuencias indefinidas.
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En su requerimiento, Ochoa pidió abrir una investigación para saber si "los sucesos ocasionaron o siguen causando perjuicios en la economía nacional y/o el erario público" por los $685 mil millones emitidos en Lebac con tasas de hasta el 40% anual que, según la denuncia, habrían manipulado "el verdadero valor de la divisa".
La fiscal retomó la acusación sobre que "la emisión abusiva de ambos títulos de deuda pública -tanto Lebac como bonos de la deuda externa- habría ocasionado un significativo detrimento de las arcas del Estado en beneficio de determinados grupos económicos quienes, ante la evidente disparidad entre el valor real del dólar y el precio ficticio que le fuera asignado y frente a la venta indiscriminada de esas divididas por parte del BCRA, aprovecharon la ocasión para obtener dólares que fugaron del sistema financiero argentino".
En su presentación, Ochoa solicitó medidas de prueba, como copias de la causa dólar futuro y la contra denuncia contra los compradores de esos contratos. También informes a las entidades sobre la nómina de personas físicas y jurídicas que adquirieron Lebac desde el 10 de diciembre hasta ahora. Además la nómina de entidades y personas que compraron bonos del Tesoro nacional en el mismo plazo, con el mismo criterio de las que operaron mayor volumen. Por otra parte solicitó datos al BCRA sobre el volumen de Lebac y bonos ofrecidos, la evolución de valores y letras y un detalle histórico de ese tipo de operaciones, medidas casi idénticas a las tomadas en la causa dólar futuro.
En el mismo dictamen, pidió al Ministerio de Hacienda y Finanzas que informe la totalidad de la deuda externa emitida desde el 10 de diciembre, detallando la tasa de interés fijada en esos bonos y los plazos de amortización. Finalmente sugirió que se tomen declaraciones testimoniales al diputado de Cambiemos Eduardo Conesa, a economistas y a periodistas especializados.
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