Nos enfrentamos al desafío de adecuar las infraestructuras existentes y desarrollar las faltantes, que están fuera de la escala de abordaje del sector público. Para salvar ese problema, debemos promover formas reguladas, auditadas y transparentes, pero también absolutamente desprejuiciadas de asociación público/privada para alcanzar el objetivo de modernizar nuestra infraestructura y alcanzar la sustentabilidad de nuestras economías.
Pero sería un error limitar esta transformación al mero hecho de abordar los desafíos que impone el cambio climático. Es imprescindible también afrontar el natural déficit de infraestructura de nuestros países que en los últimos años exhibieron un ritmo de crecimiento sostenido. Esa combinación de expansión extraordinaria de nuestras economías, sumada a la falta de inversión pública relevante en décadas anteriores, provocó una carencia que no pudo suplir por completo el intenso ritmo de obra pública de los últimos años.
El Banco Interamericano de Desarrollo reveló en su última asamblea de gobernadores, realizada en marzo en Brasil, que la región reporta un promedio de u$s 3.500 millones anuales en daños provocados por desastres naturales. Ésa es sólo una parte del problema. Los técnicos del BID esperan que la demanda de electricidad se duplique en América Latina para 2030, y estiman que la tasa de urbanización de la región subirá un 15% en 20 años para pasar del 64% al 79% de la población. En suma, más daños por desastres naturales crecientes y un incremento en la población urbana.
El fenómeno del cambio climático pone en evidencia la insuficiencia de la infraestructura existente. Por ese motivo la sustentabilidad del modelo de crecimiento actual precisará acelerar la transición desde una visión que pone su eje en la "adaptación" hacia otra que priorice en mayor medida la "planificación". En otras palabras, se trata de avanzar del crecimiento al desarrollo.
Esa transición no será sencilla en un mundo globalizado que experimenta este proceso de nuevos fenómenos, donde buena parte de la suerte está echada por circunstancias definidas de manera exógena como la ocurrencia e intensidad de las precipitaciones o los niveles en las tasas de interés internacionales. Son las decisiones soberanas las que en mayor o menor medida definen si los esfuerzos en materia de infraestructura deben responder a la adaptación o a la planificación. A esta altura del proceso la opción es la segunda aunque hablemos de inversiones que superan la capacidad económica de cualquier Estado. De todos modos, y tomando por caso nuestro país, el proceso de crecimiento se dio junto con un sustancial incremento en la inversión pública. Esa variable -que triplicó su participación en el PBI desde 2003- tuvo por objetivo no sólo evitar la aparición de "cuellos de botella" en la logística productiva sino además atender problemáticas sociales postergadas durante años.
Hemos avanzado como nunca antes. Que eso sea un nuevo impulso, un disparador para dar un nuevo salto cualitativo y a través de asociaciones público-privadas podamos dotarnos de la infraestructura necesaria para estar verdaderamente a la altura de las circunstancias.
| (*) Ministro de Infraestructura |
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