15 de octubre 2014 - 00:00

Deberán dar información a la oposición

Ricardo Gil Lavedra
Ricardo Gil Lavedra
 La Corte Suprema de Justicia dejó firme ayer un fallo que había condenado al Estado a aportar información sobre la ex Ciccone Calcográfica, a raíz del pedido que hizo el abogado Ricardo Gil Lavedra. En otro caso análogo, el máximo tribunal también ordenó que el Ministerio de Planificación Federal aportara información sobre la licitación pública para la construcción de las represas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic. Este pedido también corrió por cuenta de Gil Lavedra.

La Corte confirmó un fallo de la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que obligó a la Inspección General de Justicia a aportar información sobre la ex Ciccone Calcográfica luego transformada en Compañía de Valores Sudamericana.

La Cámara ordenó requisar si la firma estaba inscripta, y que en tal caso aportara copia de sus estatutos, detalle de la composición de los órganos de gobierno y fiscalización, accionistas y domicilios de los mismos.

Legitimado

El tribunal, que volvió a fallar tras el fallecimiento el pasado domingo del juez Enrique Petracchi, entendió que Gil Lavedra "en su condición de ciudadano se hallaba legitimado para acceder a la información requerida en poder de la administración".

La decisión es clave porque la Corte confirma el camino que ha marcado en los últimos años con los fallos relacionados con el acceso a la información. Queda atrás el paradigma en el cual el derecho a la información sólo se considera si existiera un agravio puntual (standing to sue). La jurisprudencia ahora es más amplia en cuanto a la legitimación del sujeto, y el derecho a la información va rumbo a convertirse en un derecho absoluto, casi como el derecho a peticionar. La Corte entiende ahora que el "interés público" no sólo se refiere al Estado, sino a todas las cuestiones que afectan a la sociedad. Detalle que quedó a la luz en el fallo más reciente sobre el acceso a la información del PAMI.


"El apelante tampoco critica la interpretación realizada por la sentencia con respecto a las leyes y otras disposiciones que asignan carácter público a la información requerida, ni desarrolla argumento alguno que explique por qué esa información se hallaría exceptuada de proveerla", concluyó la Corte con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton, y Juan Maqueda.

La resolución no tuvo la firma del juez Eugenio Zaffaroni. En el caso de las represas, los jueces desestimaron la queja del Estado por lo que dejaron firme el fallo de la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que había obligado a aportar esa información sobre el proceso licitatorio.

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