Decreto de derribo lanzó polémica, pero ya se usó

Patricia Bullrich

El Gobierno se ocupó ayer de difundir el texto completo del decreto que dispone la "emergencia en seguridad" y a partir de allí habilita el derribo de aviones, entre otras medidas, como también contratar personal retirado de las fuerzas de seguridad y la creación de un gabinete de seguridad humana.

Desde el oficialismo y la oposición hubo todo tipo de críticas y justificaciones a la medida, que ya fue utilizada en otras oportunidades con normas reservadas para, por ejemplo, garantizar la seguridad en una cumbre de presidentes.

El secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, consideró que "hay una hipocresía" en la oposición al hacer críticas y explicó que entre las decisiones está la de extender las horas de funcionamiento de los radares para cubrir la totalidad del país.

El decreto apunta a la lucha contra el crimen organizado y en ese sentido el funcionario explicó que "es una realidad que una de las vías de ingreso fundamental de las drogas es esta metodología de las avionetas que llegan hasta Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires y recientemente La Pampa" y que "nueve de los diez países de la región tienen una ley de protección del espacio aéreo", entre ellos Bolivia, Chile, Ecuador, Venezuela, Colombia y Perú.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich también habló de la medida pero advirtió que se enviará un proyecto de ley al Congreso para la "defensa del espacio aéreo", aunque agregó que de ser necesario en la pelea contra el narcotráfico se entrará a los barrios "donde el narcotráfico es dueño y señor".

En cuanto al derribo, el decreto establece un protocolo de actuación que Burzaco explicó diciendo que "primero se intenta contactar al avión y que su tripulante justifique su actividad" y "sólo en casos muy excepcionales se puede aplicar la instancia de derribo", si se considera que la situación es de "amenaza" para la población.

Se sumó a las apreciaciones Gerardo Milman, secretario del Consejo de Seguridad Interior, que estuvo en la provincia de Santa Fe participando de la reunión del Sistema Federal de Emergencias (SIFEM). Milman explicó que "no es un DNU, es un decreto simple, lo ha hecho dentro de las atribuciones que tiene el presidente de la Nación" y explicó que se trata de generar "un efecto de disuasión que nos va a llevar a que no tengamos que derribar a nadie sino que por el contrario, los que intrusan nuestro espacio aéreo van a saber cuáles son las consecuencias a las cuales atenerse".

Antecedentes

Intervino también el exsecretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, quien sostuvo que la aplicación de la ley de derribo en distintos países "no ha demostrado importantes avances y ha generado costos de vidas inocentes".

Exagerado, tal vez, el exministro de Defensa de la gestión kirchnerista, Agustín Rossi, consideró que el decreto de Mauricio Macri "se asemeja a instaurar la pena de muerte sin juicio previo" porque "nadie puede pensar que los ocupantes de un avión derribado puedan sobrevivir".

A favor de la decisión se manifestó el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, diciendo que "hoy tenemos el absurdo de que en nuestro país hay más de 500 pistas clandestinas en el norte, por eso esta ley era una necesidad".

En la controversia se reveló que la medida de habilitar el derribo habría sido aplicada en forma reservada en unas nueve ocasiones en el país, pero se recuerdan dos situaciones específicas.

Una en 2005, cuando el expresidente Néstor Kirchner avaló medidas extraordinarias de seguridad, que incluyeron la posibilidad de derribo durante la Cumbre de las Américas que se realizó en Mar del Plata y de la cual participaron más de treinta mandatarios. La disposición de Kirchner fue sólo por tres días y para el área de Mar del Plata y "95 millas náuticas a su alrededor", y creó una "fuerza de tareas conjunta".

Luego, en 2014, durante la gestión de Cristina de Kirchner, durante una cumbre del Mercosur que se desarrolló en la ciudad de Paraná en la provincia de Entre Ríos. En esa ocasión, también solamente por los días de diciembre de aquel año en que se realizó el encuentro se dispuso la instalación y activación del Sector de Defensa Aeroespacial Paraná.

La medida que impulsa Macri será utilizada durante un año, aunque está contemplado alargar su plazo.