Default: caen juicios colectivos

Nueva York - Las acciones judiciales colectivas que el Gobierno enfrenta en esta ciudad se redujeron drásticamente a «no más de u$s 400 millones» de los u$s 2.200 millones iniciales que los bonistas denunciaban antes del canje de deuda completado en 2010, cuando se alcanzó el 93% de aceptación, indicaron fuentes oficiales.

Aunque todavía no hay un criterio establecido para poder medirlas ante la Corte de EE.UU., «las acciones de clase no superarían los u$s 400 millones en concepto de capital», explicó una fuente del equipo económico. Según los cómputos que manejan en Economía, «si se quitan los que ingresaron al canje de deuda, los juicios individuales, y los que no aceptaron participar de la acción de clase, se llega a un monto que no supera esa cifra», explicó la fuente.

Para los funcionarios, esa cifra incluso puede resultar menor.

La historia de la contienda judicial de las acciones colectivas se remonta a 2006 y es paralela a la de los fondos buitre.

Luego del canje de deuda efectuado en 2005, pequeños bonistas y algunos medianos acreedores fueron reclutados por abogados argentinos y de los Estados Unidos, que para reducir costos y esfuerzos trabajaron en conjunto para lograr una acción de clase, con más de una veintena de series de bonos en default de la Argentina.

Lograron en una primera instancia que el juez Thomas Griesa les reconozca esa clase para todos los tenedores de títulos de esas series de bonos, según los criterios del «opt out». Este criterio permite que no sea necesario aclarar explícitamente que un tenedor de bonos de las series en cuestión pretende hacer juicio.

Apelación

Fue así como llegó a alcanzar la friolera de u$s 2.200 millones antes del canje de 2010. Frente a esto, el Gobierno apeló y logró en 2009 que una instancia superior accediera a la reformulación del criterio de la medición de acción de clase, y devolvió el caso a Griesa, quien, aun tiempo antes del canje de 2010, ordenó que las partes establezcan un nuevo criterio de medición de común acuerdo, lo que aún no sucedió. Los abogados de los acreedores, en tanto, buscan apurar la resolución del monto para seguir con los juicios.

Más allá de que los abogados litigantes «siguen sosteniendo que la cifra que nosotros manejamos se acerca más a los u$s 2.000 millones», también reconocen que existe un grado de «desconocimiento» en torno a los montos presentados y hasta hubo casos denunciados por ellos mismos de fraude de bonistas.

Tal fue lo que sucedió con el bonista italiano de apellido Forgione, quien tenía una querella individual si bien su caso -de presunto fraude- fue tratado durante la última audiencia que realizó Griesa por la Argentina, el 24 de mayo último.