Definirán además alcance de Discovery

Paul Singer

 La Corte de Apelaciones de Nueva York aclaró ayer a los abogados que representan a la Argentina, que, además del alcance del "desacato", en las próximas semanas resolverá el reclamo de los fondos buitre en cuanto al alcance definitivo de la aplicación de la cláusula Discovery. Según les aclararon los jueces de la segunda instancia de esa ciudad a los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen& Hamilton (CGS&H), Jonathan Blackman y Carmine Boccuzzi, la intención del Tribunal es emitir un fallo conjunto.

La cláusula Discovery había sido habilitada en junio del año pasado por la Corte Suprema de EE.UU. al rechazar la apelación argentina sobre el juicio de fondo, e implica el derecho de Griesa de eventualmente embargar fondos depositados en cuentas de la Argentina para pagarles a los fondos buitre parte del dinero que reclaman a partir de haber obtenido un fallo de fondo favorable a sus intereses. Para que Griesa tenga que embargar, antes los jueces de todo el territorio de EE.UU. pueden habilitar investigaciones para detectar cuentas donde el país tenga dinero a partir de presentaciones judiciales que los propios fondos buitre comenzaron a hacer. Lo que ahora debe resolver la Corte de Apelaciones es el alcance de estos eventuales embargos, a partir de un reclamo que en diciembre pasado realizaron los fondos buitre NML Elliott y Aurelius, buscando que se autorice la aplicación con el mayor alcance posible para la cláusula. Esto es, que puedan conocerse los depósitos y activos físicos no sólo del Gobierno argentino en bancos norteamericanos, sino además la publicación de los bienes diplomáticos y hasta cuentas de funcionarios, militares y exfuncionarios en el sistema financiero de ese país. La posición argentina representada por los abogados de CGS&H es la de una aplicación mínima que sólo podría alcanzar los depósitos a la vista en cualquier entidad de los Estados Unidos.

De la decisión que tome la Cámara de Apelaciones depende el avance de dos causas abiertas en ese país por diferentes jueces, que quieren conocer los alcances de la cláusula Discovery para saber la forma en que deben resolver los casos. Se trata de presentaciones contra el acuerdo de YPF con Chevron en un tribunal de San Francisco donde tiene su sede la petrolera norteamericana; y la eventual presencia de fondos públicos en sociedades privadas en el estado de Nevada. En el primer caso interviene el juez de primera instancia Jeffrey Steven White; mientras que en el segundo actúa Cam Ferenbach. Ambos sólo podrán avanzar si la Cámara de Apelaciones los autoriza aplicando un alcance amplio de la Discovery, en el "descubrimiento" de fondos del estado argentino; y en enviar esos datos a Griesa para que defina si hay o no embargos. Ni White ni Ferenbach pueden avanzar sobre las cuentas privadas ni informar los nombres de los tenedores de esas cuentas, sino que sólo deben limitarse (según lo dejó explícitamente claro la Corte de Apelaciones de Nueva York), a detectar o rechazar la presencia de fondos públicos argentinos en esas cuentas; algo que, por demás, se rechaza que exista. En ninguno de los dos casos, ni en el del San Francisco ni en el de Nevada, los jueces tienen mandato de investigar el origen del dinero ni la titularidad privada de las cuentas. La posibilidad de causas no legales en el origen de los fondos -en el caso que las hubiera- es materia eventualmente de otras presentaciones judiciales y no potestad de investigación de los jueces de Estados Unidos. Esos motivos necesitarían tener su origen en causas en la Argentina y luego deberían ser jueces locales los que requieran los datos a sus colegas norteamericanos.

En ambos casos de trata de presentaciones judiciales del fondo buitre Elliott, de Paul Singer, el mismo que embargó la Fragata Libertad en Ghana y que ya realizó en otros casos estrategias similares a la que ahora aplica contra la Argentina en países como el Congo. Esto es, acusar a un Estado de tener fondos de origen malhabido para luego presionar por el pago de la deuda reclamada. En el caso del presidente del Congo, Sassou-Nguesso,al que se le pedían en 2007 unos u$s 100 millones de deuda en default, se lo acusó de parte de Elliott públicamente en EE.UU. por los millonarios gastos personales de su hijo Denis en Nueva York. Una vez pagada la deuda, las acusaciones del fondo de Paul Singer desaparecieron.