Denunció el Gobierno de Temer el ingreso masivo de armas a las cárceles

En tanto, varias ONG encendieron alarmas sobre las condiciones de precariedad en las que viven los reos.

Shock. Los ataúdes para los 56 muertos llegaron ayer a Manaos.

 San Pablo - El ministro de Justicia de Brasil, Alexandre de Moraes, denunció ayer la entrada de armas y corrupción en las prisiones del país, un día después de la matanza en el penal de Manaos y cuando arreciaban las críticas por las condiciones del sistema carcelario federal.

"Esto tiene una cuestión mucho más profunda, que es la entrada de armas en las cárceles en virtud de la corrupción y la posibilidad de que presos peligrosos sometan, independientemente de las facciones, a otros presos", dijo De Moraes en una entrevista radial.

El ministro apuntó que de los 56 muertos registrados a raíz de la reyerta entre dos bandas rivales ocurrida entre el domingo y el lunes en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim (Compaj) "menos de la mitad tenía conexión con alguna facción u organización criminal".

La sanguinaria reyerta comenzó cuando miembros de Familia do Norte (FDN), una banda criminal que tiene el control en dicha prisión, fueron contra integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC), una organización liderada por narcotraficantes presos de San Pablo.

Además, otras cuatro personas fueron asesinadas en la Unidad de Prisión de Puraquequara (UPP), en la zona rural de Manaos, y hubo rebeliones en otras dos cárceles del estado.

El ministro recordó que el estado tiene a su disposición 45 millones de reales (unos 13,7 millones dólares) para abrir 1.800 nuevas plazas penitenciarias y separar así a los internos según su peligrosidad. Ayer, además, fueron trasladados 220 reclusos a otros penales.

No obstante, crecían ayer las voces críticas a la situación del sistema penitenciario de Brasil, donde se destacan la convivencia entre bandas rivales, las condiciones precarias de los presidios y el hacinamiento.

"Todo esto es la consecuencia de un sistema fallido que no tiene cómo continuar", dijo Epitácio Almeida, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), quien coordinó las negociaciones para la liberación de rehenes en la cárcel que fue escenario de la matanza. "Esto es algo que venía formándose desde hacía algún tiempo, el odio entre las personas aumentó", indicó.

Amnistía Internacional (AI) criticó la negligencia de las autoridades y el hacinamiento en las cárceles brasileñas y apuntó estos factores como corresponsables de la matanza.

Por su parte, la ONG Conectas aseguró que la tragedia "estaba anunciada" y volvió a sacar a la luz un informe publicado en 2016 por un organismo vinculado al Ministerio de Justicia, el cual ya había advertido sobre las disputas" y la "tensión" en el complejo penitenciario. También denunció la pésimas condiciones del sistema, así como la superpoblación carcelaria, que es considerada por las organizaciones de derechos humanos como una de las principales causas de los frecuentes motines en Brasil.

Según estimaciones oficiales, entre 2000 y 2014 la población carcelaria creció casi un 170%, alcanzando los 622.000 reclusos y colocando a Brasil en el cuarto lugar del mundo en número de presos, sólo superado por EE.UU., Rusia y China.

Brasil, sin embargo, tan sólo tiene 371.884 plazas carcelarias, por lo que alberga en sus celdas un 67,3% más de presos de lo que sería posible.

Agencias EFE y DPA