Derrota del Gobierno en el Senado por boda gay

No fue un debate pacífico entre Adriana Bortolozzi, el kirchnerista Nicolás Fernández, Luis Juez y Miguel Pichetto, entre otros. El kirchnerismo no pudo imponer su dictamen.

El Gobierno sufrió ayer una dura derrota en el Senado al no poder emitir el dictamen de mayoría para ratificar la ley de matrimonio gay que ya votó Diputados.

Tras una larga gira de debates por todo el país, la Comisión de Legislación General emitió un dictamen mayoritario con 9 votos que rechaza la boda entre personas del mismo sexo, y en su lugar despachó un proyecto que crea un régimen de Unión Civil que garantiza los derechos de herencia, asistencia y representación ante casos de incapacidad a personas de igual o distinto sexo, pero prohibiéndoles la adopción y hasta la posibilidad de acceder a procedimientos de fertilización asistida.

El kirchnerismo emitió con sólo 6 votos un dictamen de minoría que ratifica la reforma al Código Civil con la que Diputados habilitó el matrimonio gay, que ahora pasará a ser debatido en segundo término en la sesión del Senado prevista para el próximo 14 de julio.

A Miguel Pichetto le queda ahora sólo el recurso de conseguir algunos senadores de su propio bloque que están en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, algo que parece difícil pero no imposible.

Se equivocó claramente el Gobierno en su estrategia ante este debate al haberlo politizado como si se tratara de un proyecto económico en el que la oposición intenta controlar alguna caja estatal, como es el caso de los superpoderes o la propia ley del 82% móvil. En su lugar debió apelar a un debate sobre las garantías a derechos humanos, terreno en el que se hubiera manejado con mejores posibilidades de éxito. Pero primó la intención oficial de castigar a la Iglesia con la ley de matrimonio gay sin pensar que ese proyecto podía tener fuertes apoyos en la Capital Federal, pero mucha resistencia en el interior. Es lo que aprovecharon Liliana Negre de Alonso, jefa de la comisión y militante contra el proyecto oficial y parte del peronismo disidente para lograr sus objetivos, acompañados todos por la Iglesia, que demostró, una vez más, un poder de lobby intacto aun en el Congreso.

La «Unión Civil» que plantearon los peronistas disidentes, algunos radicales y provinciales fue consensuada entre los proyectos que habían presentado la salteña Sonia Escudero, Laura Montero, Luis Pettcoff Naidenoff, Adriana Bortolozzi y Juan Carlos Romero. Julio Cobos afirmó ayer que ésa es la iniciativa que él apoya, algo previsible ya que en Mendoza el rechazo a la ley de matrimonio gay es mayoritario.

De hecho, hasta el kirchnerista mendocino Rolando Bermejo firmó el rechazo al proyecto sancionado en Diputados junto a Bongiorno, Bortolozzi, Escudero, Negre de Alonso, los radicales Ramón Mestre y Mario Cimadevilla, José Cano del Acuerdo Cívico y por el Frente de Todos José María Roldán. Éstos pusieron luego la firma en el dictamen que consagra la controvertida Unión Civil.

Ese proyecto tiene algunos puntos que resultarán difíciles de procesar en el recinto, si es que el oficialismo no consigue hasta el miércoles armar una mayoría que ratifique la sanción de Diputados.

Sin duda, el más polémico y que afecta claramente derechos individuales es el artículo 17, que prohíbe a contrayentes del mismo sexo en una unión civil no sólo la adopción sino también la fecundación in vitro, otro avance claro de las pretensiones de la Iglesia en este debate. Los métodos alternativos de fecundación no habían estado incorporados a la discusión hasta ayer, lo que resultó una sorpresa que pareció «colarse» tras la derrota del Gobierno en el debate en comisión.

«Las alteraciones o modificaciones introducidas por la presente ley no implican admisibilidad legal de la adopción, ni implican admitir los procesos de fecundación in vitro respecto de parejas de personas del mismo sexo, en cualquiera de sus modalidades», dice ese artículo y en el inciso dos continúa: «Ninguna disposición legal en materia de adopción o fecundación in vitro puede ser interpretada en sentido contrario a lo dispuesto en el inciso anterior».

Por si alguna duda quedaba, el último artículo del proyecto releva a cualquier funcionario que deba intervenir en una Unión Civil de su obligación de participar en la ceremonia al establecer la Objeción de Conciencia. Es decir: libera a cualquier persona que «tuviere que involucrarse en actos jurídicos o administrativos vinculados con las regulaciones de la presente ley». Sólo esa disposición puede invalidar en la práctica a toda la norma.