Derrumbe: ponen en duda habilitación del local

La oposición al macrismo, en la Legislatura porteña, embistió ayer duramente a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad, que concurrieron a brindar explicaciones sobre la habilitación y controles al local Beara, donde el viernes pasado murieron dos jóvenes al derrumbarse un entrepiso.

Los bloques que no son del PRO e impusieron que la reunión se hiciera pública, hasta amenazaron con la posibilidad de una denuncia penal por lo que consideran irregularidades. Se expuso allí una nota de una funcionaria que había desaconsejado el permiso al lugar.

Estuvieron el titular de la Agencia Gubernamental de Control, Javier Ibáñez, el director de Habilitaciones y Permisos, Martín Farrel y la directora general Vanesa Berkowski, para continuar la reunión que el viernes pasó a un cuarto intermedio, especialmente ante la ausencia de Farrel.

La reunión que condujo Oscar Moscariello (PRO) empezó con las preguntas del radical Rubén Campos, quien consideró que el lugar había sido habilitado en contravención con los planos.

Denuncia judicial

Los funcionarios explicaron que en 2004 ya había sido habilitado el lugar, pero como bar y que el año pasado se terminó habilitando como casa de fiestas. Por lo que trascendió aparentemente hay muchos locales que figuran con ese rubro pero en la práctica funcionan como bailables u ofrecen recitales.

El peor momento fue cuando el ibarrista Eduardo Epsztein leyó una nota de la directora Berkowski, de principios de agosto del año pasado en el que desaconsejaba la habilitación. El local había sido clausurado por «desvirtuación de rubro», ya que debía ser un café y restorán y se realizó una fiesta con baile. Eso motivó una denuncia judicial, pero de todos modos a los pocos días el Gobierno porteño lo habilitó como salón de fiestas. Aníbal Ibarra aseveró que recién este año, en abril, la Justicia falló confirmando la contravención de «desvirtuación» y cuestionó que, aun así, se haya dado la habilitación siendo que había un proceso penal contravencional que la propia administración había iniciado.

«Mantenemos el principio de inocencia», respondió Ibáñez y sostuvo que «no se piden antecedentes» de acuerdo con las normas, para otorgar una habilitación. Aseguró, además, que el trámite, los propietarios, lo habían iniciado en 2008 y concluyó en agosto de 2009. Se armó alboroto en el Salón Montevideo, que se llenó de asesores de distinto color y la asistencia de 30 diputados, la mitad del pleno. «Esto, para una denuncia penal», se exaltó Epsztein.

Hubo momentos que rozaron el escándalo durante las alocuciones que se permitieron a dos diputados de cada uno de los 13 bloques legislativos.

«Las primeras informaciones que recibimos nos dicen que no ha habido una sobrecarga en la cantidad de gente en el entrepiso», dijo Ibáñez, al referirse a las dudas que el propio Mauricio Macri (ver nota aparte) planteó sobre la posibilidad de haber sobrecargado la estructura.

Otra de las críticas fueron, por parte del legislador Gonzalo Ruanova, entre otros, a la información que brinda en la página Sali seguro donde está el local en cuestión.

Daniel Amoroso (De Narváez) apuntó a una resolución, la 1.010 de 2005, para habilitación de espectáculos masivos, que estaría siendo utilizada para permisos provisorios que no corresponderían.

Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica, abundó en pedidos sobre las derogaciones de clausuras en general de acuerdo con la normativa.

Por otra parte, el Gobierno porteño remitió a la jueza de instrucción Alicia Iermini documentación relacionada con la habilitación del local Beara, respondiendo al pedido de la magistrada sobre el inmueble de Scalabrini Ortiz 1638, propiedad de El Viejo Sabio SA, de acuerdo con la información dada por la administración macrista.