Cambiemos tiene también como meta principal el aval al Presupuesto 2017, que se convertirá en ley el 30 de noviembre o en la madrugada del 1-12, ya en extraordinarias.
Jorge Triaca
El ajetreado calendario legislativo se alimentará mañana en el Congreso con las exposiciones de los ministros Alfonso Prat Gay (Hacienda y Finanzas), Jorge Triaca (Trabajo) y Guillermo Dietrich (Transporte), quienes defenderán los proyectos del Ejecutivo relacionados con el mercado de capitales, las modificaciones a la Ley de Riesgos del Trabajo y el Presupuesto 2017, respectivamente.
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La visita más importante será la de Dietrich en el Senado: ese mismo día se intentará dictaminar en comisión sobre la ley de gastos 2017 para tratarla en el recinto el miércoles 30. A lo sumo, será sancionada durante la madrugada del 1-12, es decir, en período extraordinario.
Prat Gay está anunciado para disertar sobre la ley que presentó la semana pasada el Gobierno en la Cámara de Diputados -y que adelantó Ámbito Financiero- para realizar modificaciones al mercado de capitales.
Sin embargo, se espera que el ministro pueda explicar el proyecto con cambios al Impuesto a las Ganancias que ingresará esta semana a Diputados. Se espera que esta iniciativa sea tratada en el recinto el 14 de diciembre próximo, en lo que sería la única sesión extraordinaria de esa Cámara.
En el Senado se espera con cautela la presentación de mañana de Triaca. También expondrán el secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, y el superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón.
La iniciativa fue pedida por Mauricio Macri y busca dinamitar la denominada "industria del juicio", que puso en jaque al sistema laboral por la creciente litigiosidad.
Para el Gobierno, la realidad marca que "la mayoría de las contingencias amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo se reclaman a través de demandas laborales que evitan la obligatoria intervención previa de las comisiones médicas jurisdiccionales".
Es por ese motivo que la iniciativa buscará implementar a dichas comisiones como la "instancia administrativa previa de carácter obligatorio y excluyente de toda intervención para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite u homologue el otorgamiento de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo".
De ahí, el camino se bifurca: el empleado puede ir a la Justicia; si no, se tomará lo dictaminado como cosa juzgada.
Si bien desde parte de la oposición cuestionaron sobre los controles para evitar los accidentes, el Gobierno apunta a mitigar esa crítica a través del artículo 19 de la ley, que impone el plazo de un año para crear un "proyecto de ley de protección y prevención laboral destinado a garantizar que las condiciones y medio ambiente de trabajo resulten acordes con las mejores prácticas y la normativa internacional en la materia de su incumbencia".
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