Destrabó Lula su obra pública más cara y polémica

Luiz Inácio Lula da Silva

Brasilia - El Gobierno de Brasil le ganó ayer una dura pulseada judicial a los movimientos sociales y licitó las obras de una represa que será construida en el Amazonas y obligará a desplazar a 50.000 personas. Esta obra colosal será «básica», de acuerdo con la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, para atender el crecimiento sostenido cercano al 5% que experimentará la economía local en los próximos años.

La licitación, realizada en Brasilia en medio de un «tiroteo» de fallos judiciales que sucesivamente la suspendieron y autorizaron, se prolongó por solamente siete minutos y terminó con la victoria del consorcio encabezado por la Compañía Hidroeléctrica del Sao Francisco (Chesf) y de la constructora Queiroz Galvao.

La oferta de ese grupo, de vender la energía generada por la planta a 77,97 reales (unos u$s 44,57) por megavattio/hora, supuso un descuento del 6,02% sobre el precio máximo fijado por la agencia reguladora del sector eléctrico (ANEEL) para la licitación.

La planta, cuyo costo es estimado por el Gobierno en unos u$s 11.000 millones, es el principal proyecto del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) de Lula. La represa es el proyecto principal de una cruzada de obras públicas por u$s 878.000 millones, clave en la plataforma de campaña de la candidata del oficialismo, Dilma Rousseff, para las elecciones presidenciales de octubre.

Con su potencia de 11.233 megavatios, la hidroeléctrica, que empezará a operar en febrero de 2015, será la tercera más grande del mundo, después de la de Tres Gargantas, en China, y de la paraguayo-brasileña de Itaipú.

La subasta se realizó en medio de protestas por parte de unos 500 manifestantes comandados por la organización ecologista Greenpeace, quienes tiraron ayer tres toneladas de excremento delante de la sede de la ANEEL, para rechazar la construcción de la planta: «Belo Monte de mierda», decía una de las pancartas. El acto logró el apoyo de otras organizaciones sociales, como el Movimiento de los Afectados por Presas y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

Los grupos que se oponen a su construcción denunciaron que el Gobierno no tomó en cuenta el daño medioambiental y humano que tendrán las obras, que obligarán a inundar un área de más de 500 kilómetros de selvas y a desplazar a unos 50.000 nativos y campesinos que residen en la zona, en su mayoría dedicados al cultivo de cacao.

Las protestas se habían reforzado la semana pasada, cuando se unieron a ellas el cineasta canadiense James Cameron, y parte del elenco de su taquillero filme «Avatar», que precisamente contiene un fuerte mensaje en favor de la defensa del medio ambiente.

Luis Xipaya, un líder local que habló con los medios desde la ciudad de Altamira, cerca del sitio propuesto para la hidroelétrica, indicó que 150 nativos Xikrin Kayapo se mudarán hoy a un nuevo asentamiento dentro del área de la construcción. «Habrá baños de sangre y el Gobierno será responsable por eso», dijo Xipaya.

El Gobierno asegura que es una iniciativa sustentable, que garantizará la energía limpia que el país necesita, recibirá multimillonarias inversiones en paliativos ambientales y que ningún área indígena se verá afectada.

Agencias AFP, EFE, DPA y ANSA