Dicen en el campo...

... que fue otra semana complicada y con novedades de último momento ya que trascendió una nueva "movida" oficial para avanzar -otra vez- sobre la nacionalización de granos, de la mano de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y, obviamente, de Agricultura. La resolución conjunta (ni siquiera se tomarían el trabajo de redactar un decreto) ya estaría lista y, aunque amenazó con "ver la luz" esta semana, por alguna causa se habría atrasado. De confirmarse el hecho, la conmoción alcanzaría ribetes hasta de escándalo pues, además de obligar a pasar todas las operaciones de compra-venta de granos por los Mercados a Término, podrían llegar a perder con esto hasta los aparentes ganadores, incluyendo al propio Gobierno, que al alterar profundamente los códigos de la comercialización actual podría lograr, como efecto no deseado, hasta la suspensión de las operaciones con granos, algo que hoy no está en condiciones de afrontar. Simultáneamente, desaparecerían los controvertidos "Precios Pizarra". Por supuesto que, inmediatamente, el recuerdo del IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio) creado en 1946 y que intervino en todas las transacciones agroalimentarias o de la más reciente nacionalización del comercio agrícola y el Pacto Social del 73/76, corrió como reguero de pólvora por el daño que causaron en la actividad agrícola. El hecho, además, justificaría el duro discurso que semanas atrás dio el titular de Agricultura, Carlos Casamiquela, en el aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que llamó la atención de varios porque no es el estilo del extécnico del INTA. Advirtió sobre "el Estado presente, a diferencia de lo que ocurría en los 90", y sobre la necesidad de llevar más transparencia a los precios. Naturalmente en aquel momento evitó hablar de intervención, estatización, o nacionalización del mercado de granos, que sería lo que realmente enmascara la nueva norma.



... que, mientras esto comenzaba recién a rodar también lo hacía la inédita inundación que viene bajando por el Paraná sobre la cual las autoridades nacionales nada dicen aún y, mucho menos, se sabe que estén tomando recaudos para tratar de atenuar las pérdidas. La suba en Iguazú, que obligó a cerrar hasta las Cataratas, ya puso en alerta a las provincias litoraleñas y a sus productores. Hasta Sergio Ulibarri de Entre Ríos (que no está pasando, justamente, por su mejor momento político) puso a sus equipos técnicos en alerta, ya que allí se espera el pico de crecida (que superaría los niveles de evacuación) a partir del próximo 18-20 (a Rosario-Victoria llegaría cerca del 26), y para fin de mes estaría en el norte de Buenos Aires. Dada la situación, las 8 provincias afectadas deberían contar ya con un esquema de emergencia de parte del Ministerio de Agricultura para proveer desde balsas para sacar rápidamente la hacienda de las islas (que todavía no aparecen casi), hasta ofertas de campos altos donde llevarla y, sobre todo, precios orientativos de rollos, fardos, entre otros, y hasta de hacienda para que no haya abusos para los afectados. De hecho, ya hay "revoleos" importantes de todas las categorías vacunas, aunque se descuenta que se perderá buena parte de la ternerada de las islas, animales muy chicos para defenderse. A pesar de la gravedad, seguramente el tema logrará algún eco en las autoridades nacionales de Agricultura (silenciosas hasta ahora), recién cuando la crecida esté en Tigre, o San Fernando, a las puertas de la Ciudad de Buenos Aires.



...que, ante semejante maremágnum pasaron desapercibidos varios hechos trascendentes. Por un lado, la nueva renuncia que se sumó en Agricultura donde, además de Marcelo Yasky (la semana pasada) por diferencias sobre los cuestionados datos de cosecha, ahora le tocó el turno a Luciano Di Tella en el área de Lechería, seguramente por las intromisiones que la Secretaría de Comercio sigue practicando sobre el área que impedirían trasladar a los productores el precio de $ 3,3 por litro que algunos ya habían acordado con las usinas. Otro asunto para nada menor es la Resolución 112 que se habría aprobado hace unas semanas atrás y que regula el tema de "refugios en bolsa" para las semillas genéticamente modificadas. Es decir, que cada bolsa (de semilla de maíz o soja transgénica) deberá ser acompañada por un porcentaje de semillas sin modificar a fin de que el cultivo tenga plantas "huésped" que permitan mantener el equilibrio biológico. La medida, que probablemente trascienda cuando comience la temporada de venta de granos gruesos es, por ahora, optativa. Esto, de todos modos, no implica que el sector semillero este calmo. Todo lo contrario, es que no son pocos los que temen que en el Congreso, la hasta ahora casi inmóvil Comisión de Agricultura que lidera el chaqueño-formoseño, Luis Basterra (FpV), acelere el tratamiento de un proyecto para una nueva Ley de Semillas, que alarma a varios. Algo dijo públicamente el titular del INASE, que depende de Agricultura, Raimundo Lavignolle, cuando destacó que "la Ley de Semillas es de 1973 y no contempla los OGM (transgénicos)", aunque detrás del aggiornamento de la norma se ocultaría toda una estructura de intervención oficial. De ahí que tanto la gente de ASA (Asociación de Semilleros Argentinos), como de Casafe, que nuclea también a las empresas de insumos y agroquímicos, estén trabajando sobre una propuesta alternativa a la que se espera se sumen el resto de las organizaciones del campo, como las entidades de la Mesa de Enlace....