Diez mil pymes piden “me too” a la Justicia por tarifazo de gas

Ante el fuero Civil y Comercial de San Martín solicitaron la inconstitucionalidad de las subas y cautelar que las iguale con usuarios residenciales. Se apoyaron en tribunal supremo y en Gils Carbó.

Marcelo Fernández

La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) presentó ayer una acción de amparo contra el tarifazo del gas, a raíz de que el fallo de la Corte Suprema, que alcanzó a los usuarios residenciales y excluyó a las pymes y comercios, pero que habilitó a su vez la vía de reclamos al declarar la necesidad de llevar a cabo audiencias públicas para definir las subas. Con pedido de cautelar anexada, el escrito se presentó ante el Juzgado Federal Civil y Comercial N° 1 de San Martín con el objetivo de que no sólo se detenga el nuevo cuadro tarifario sino también que se retrotraiga la situación al 31 de marzo.

En el escrito de 13 carillas al que tuvo acceso Ámbito Financiero se hizo eje en ocho firmas con asiento en esa localidad del conurbano bonaerense pero con un anexo para que otras sean también beneficiadas con los alcances de una eventual cautelar. La demanda comenzó por citar lo expresado por la Corte el 18 de agosto en la causa CEPIS, en la que anuló las resoluciones del Ministerio de Energía que establecieron el nuevo cuadro tarifario. "La puesta en peligro de los derechos constitucionales de los asociados a CGERA que en forma inminente amenaza, nada menos, que el Ministerio de Energía mediante la ejecución de actos ilegítimos y arbitrarios, como veremos, me legitima para impulsar la presente acción de amparo", sostuvieron los demandantes. "La falla más grave y determinante que invalida sin lugar a dudas la normativa cuya inconstitucionalidad se solicita resulta ser la falta de celebración de audiencias públicas obligatorias para las empresas e industria- previstas en el marco normativo vigente", aseguraron, en relación con otros elementos con los que fundamentaron que los aumentos eran de imposible cumplimiento para pymes con menos de 10 empleados. Se apoyaron en la "fuerza moral" que tuvo el fallo del máximo tribunal para "extender los efectos a la empresas e industrias" asociadas a CGERA. Fue el primer gesto "me too" concreto tras la habilitación de la vía por la Corte, que no avaló las resoluciones oficiales para pymes, industrias y comercios pero no las consideró dentro de la "clase" a la que benefició.

En lo jurídico, apuntaron al mismo argumento constitucional sobre la lesión de garantías y derechos contemplados en el artículo 43 de la Constitución nacional. Y agregaron: "La aplicación del nuevo cuadro tarifario del servicio de gas dictado por las resoluciones Nros. 26/2016 y 31/2016 del MINEM menoscaba los derechos a trabajar, ejercer toda industria lícita, comerciar y de peticionar a las autoridades de la totalidad de los asociados a CGERA". Argumentaron que un proceso normal de litigio generaría el cierre de las empresas por no poder afrontar los costos durante el trámite. Señalaron a la cartera que conduce Juan José Aranguren por violatoria de derechos a través del dictado arbitrario e ilegal de los aumentos tarifarios. Sumaron así fundamentos del dictamen de la procuradora Alejandra Gils Carbó.

"Queremos que se haga la audiencia pública y poder discutir la tarifa hacia las industrias", afirmó Marcelo Fernández, presidente de CGERA. "Nos parece una exageración el tope de 500%. Hay industrias gasdependientes que no pueden pagar", agregó.