Difícil victoria para la oposición

Difícil camino le espera al proyecto de derogación de los superpoderes al Ejecutivo para manejar el gasto, inclusive si el Senado termina convirtiendo en ley lo votado esta semana en Diputados. Con el anticipo en marcha de un veto presidencial a esa norma, aparece en escena un precepto que rige la relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo en la Argentina: al Presidente el Congreso sólo puede imponerle su voluntad con los dos tercios de los votos.

Es lo que exige la Constitución a ambas cámaras para rechazar un veto presidencial y que, en el caso de la delegación de facultades, parece generar un desequilibrio manifiesto.

Cuando el kirchnerismo le otorgó los superpoderes a Néstor Kirchner, lo hizo votando la reforma a la Ley de Administración Financiera por mayoría simple; se violó entonces la Constitución y ahora, para quitárselos, si el Senado convalida, la oposición deberá reunir los dos tercios, número imposible de sumar.

La advertencia se volvió a escuchar ayer en los pasillos del palacio: «El Congreso cuando cede facultades sabe a qué se arriesga». La asignación del gasto en facultad exclusiva del Congreso, pero al delegarla en forma permanente, debe hacer ahora un esfuerzo doble para recuperarlas.

En el artículo 76 de la Constitución nacional se establece que toda delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo debe hacerse por un plazo determinado. Este requisito no se dio en la reforma al artículo 37 de la Ley de Administración Financiera que se hizo en 2006. De hecho, los superpoderes quedaron de forma permanente cuando hasta ese momento se fijaban en un artículo del Presupuesto nacional y sólo por cada año fiscal. Es decir, sistemáticamente esos poderes caían a los 12 meses sin que el Congreso tuviera que tomar alguna medida.

Con la reforma de 2006, esas facultades para modificar partidas, la finalidad de éstas (de gasto de capital a corriente o viceversa) quedaron de forma permanente en la Ley de Administración Financiera.

Primer error de la oposición: no denunció que esa reforma violaba la Constitución al no incluir un plazo para la delegación y durante cuatro años la soportó pacíficamente.

Hubo, es cierto, cuestionamientos a otros punto en discusión: que los superpoderes se le otorgaran al jefe de Gabinete en lugar de al presidente de la Nación, como también obliga la Constitución, pero el debate nunca prosperó.

Tampoco quedó nunca claro que se cumpliera otro requisito constitucional clave: la cesión de facultades debe hacerse siempre sobre una base que el Congreso debe determinar, única forma de limitar el alcance del poder presidencial. Ni Diputados ni Senadores lo hizo, bajo la presión de la mayoría kirchnerista de entonces.

De ahí que la discusión sobre la validez o no de los superpoderes permanentes logrados por Néstor Kirchner en 2006 quedara trunca, sin iniciar un camino firme hacia la Corte Suprema para que se expidiera sobre el tema.

La vía judicial parece abrirse ahora, pero con suerte incierta. No parece claro que un particular pueda presentarse a la Justicia para reclamar por la violación de algún derecho por parte del Ejecutivo al hacer uso de esas facultades en la redistribución de fondos.