La máxima expresión de la crisis es el proceso con miras a su destitución que se tramita en la Cámara de Diputados desde el pasado 2 de diciembre, cuando el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, admitió un pedido de impugnación de su mandato que se basa en maniobras contables destinadas a maquillar la situación fiscal del país en 2014, año electoral. El proceso está en suspenso hasta mañana, cuando el Supremo Tribunal Federal analizará un recurso que interpuso el Partido Comunista do Brasil (PCdoB) , en el que cuestiona la forma como el mismo se ha tramitado en el Congreso.
Pero el proceso no es el único de los males que aquejan al Gobierno de la exguerrillera, quien fue presa política y torturada durante la dictadura militar brasileña (1964-1985).
Los indicadores económicos muestran niveles de desempleo que afectan hoy a casi nueve millones de personas, una inflación que se ubica en 8,49% según un informe reciente del Banco Central (casi el doble del centro de la meta oficial que es del 4,5% al año), y una contracción económica -ya admitida por el Gobierno- equivalente al 2,8% del Producto Bruto Interno (PBI) para este año.
En paralelo, y como una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento, se desarrolla la operación Lava Jato, que desmanteló una gigantesca trama de corrupción que operó en Petrobras en la época en que Rousseff presidía el Consejo de Administración de la petrolera estatal. Todo esto conspiró para que la hija de un inmigrante búlgaro y una brasileña, nacida en Belo Horizonte el 14 de diciembre de 1947, sea hoy la presidenta con menor respaldo popular de la historia reciente del país. Según sondeos, desde mediados de año sólo aprueban a Rousseff cerca del 10% de los electores, mientras que casi el 80% piden su salida.
Entre los principales promotores de la debacle del segundo Gobierno de Rousseff, están sus aliados: legisladores que integran la coalición oficialista y que, muchas veces comandados por Cunha, han sido promotores de las principales derrotas que sufrió en el Congreso desde que asumió en enero.
Estas derrotas estuvieron relacionadas, fundamentalmente, con las medidas de ajuste fiscal que el equipo económico intentó poner en marcha para sacar a la economía del pozo. Boicoteadas unas y matizadas otras, las medidas de austeridad fueron aprobadas a destiempo y con alteraciones que muchas veces actuaron en contra de los intereses del Ejecutivo. Muchas de ellas, incluso algunas consideradas clave, todavía están en trámite y su aprobación no está garantizada. Esa "ingobernabilidad" con la que sus aliados, comandados muchas veces por el jefe de Diputados, han "maniatado" al Gobierno, golpeó a tal punto la situación económica del país, que Standard & Poor's la mencionó en septiembre, cuando justificó su decisión de quitarle al país el grado de inversión.
En la víspera de su cumpleaños, Rousseff tuvo una suerte de respiro: las marchas en su contra tuvieron una asistencia mucho menor que las tres realizadas desde marzo pasado. No obstante, la crisis sigue en auge: el proceso en su contra, aunque parado por el momento, proseguirá en el Congreso, y Brasilia está en vilo a la espera que la Policía Federal y la Fiscalía divulguen los nombres de los políticos, muchos oficialistas, que están involucrados en el Petrolão. Un panorama sombrío para quien tiene todavía tres años de Gobierno por delante, siempre que naufrague el proceso para quitarla del poder.
| Agencia DPA |
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