En el texto remitido al poder legislativo no estarán definidas las preguntas que deberá responder la ciudadanía, sino los temas, explicó Rousseff, quien aclaró que cada interrogante deberá ser definido por el Congreso y el Tribunal Superior Electoral (TSE).
La propuesta de plebiscito para impulsar la reforma política, centrada en la si la financiación de partidos y campañas debe ser mixta, pública o privada; y en un sistema electoral que acerque más a votantes y políticos, será presentada hoy por el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo. La intención de la mandataria es que sea organizado contra reloj para que los congresistas lo aprueben antes de octubre y así esté vigente en las elecciones presidenciales del año próximo.
Rousseff aclaró que ella no tiene ningún poder sobre la decisión de la fecha de realización, pero instó a que sea lo antes posible. "Me gustaría, para tener en cuenta la energía que vimos en las manifestaciones, que sea posible que esté vigente en 2014, pero sólo será posible si se tiene lista una serie de cuestiones que dependen del TSE y de los diputados y senadores", afirmó.
La mandataria ya consiguió el respaldo del TSE luego de que la titular del organismo, Carmen Lucia, dijera que "la Justicia electoral está siempre preparada".
A través de un comunicado, la Presidencia había informado ayer que la agenda de la mandataria fue "alterada" para incluir el encuentro con los 37 ministros y los jefes de la Cámara baja y el Senado en la Granja do Torto, la residencia de campo presidencial en las afueras de Brasilia. Generalmente, las reuniones de gabinete se realizan en el Planalto y sólo se trasladan allí cuando se trata de reuniones más prolongadas, como lo hizo el expresidente Luiz Lula da Silva en la crisis de 2005, cuando se destapó el escándalo de corrupción del "mensalao".
Mientras tanto, la sociedad mantiene sus reclamos. De acuerdo con una nueva encuesta de Datafolha, el 74% de los brasileños quiere que se ejecuten de inmediato las penas aplicadas a los 25 condenados en el "juicio del siglo". Además, un 14% consideró que los políticos y empresarios hallados culpables de financiación ilegal de campañas y de sobornos en el Parlamento deberían ser juzgados otra vez ya que sólo once de ellos fueron condenados con régimen de reclusión.
Otro sondeo de esa firma demostró que la crisis de popularidad de la dirigencia política afectó también a los gobernadores de Río de Janeiro y de San Pablo, blancos de las históricas movilizaciones contra el aumento de la tarifa del transporte público, medida luego revertida.
La aprobación del gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), cayó 14 puntos y quienes consideraban la gestión del alcalde Fernando Haddad, del PT, buena o muy buena disminuyeron del 34% al 18%.
En Río, el gobernador Sergio Cabral perdió 30 puntos de popularidad, mientras el alcalde, Eduardo Paes, cayó 20 puntos. Ambos pertenecen al Partido del Movimiento Democrático (PMDB), de la coalición de Gobierno.
| Agencias AFP, ANSA y EFE, y Ámbito Financiero |
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