"El Gobierno tiene la obligación de abrir el diálogo", dijo Rousseff en una conferencia de prensa en Brasilia, en su primera reacción tras las manifestaciones del domingo que se realizaron en 83 ciudades del país y reunieron a 1,7 millón de personas. De acuerdo con la Policía Militar, un millón de ellas se concentró en San Pablo, cifra rebajada a 210.000 por la consultora Datafolha.
Agregó que debe dialogar con "quien sea y con humildad y firmeza". "Cuando las personas se manifiestan en las calles, es obligación del Gobierno escuchar lo que ese acto coloca en la coyuntura", insistió.
Durante la sanción de un nuevo código de proceso civil, Rousseff subrayó que la ausencia de incidentes en las protestas son "una inequívoca prueba de que Brasil es un país democrático que, a diferencia de otros, convive pacíficamente con manifestaciones".
Las manifestaciones fueron convocadas por grupos de oposición que protestaron por la situación económica del país y los escándalos de corrupción en Petrobras, aunque algunos sectores llegaron a exigir la destitución de la jefa de Estado y hasta una "intervención" militar.
En clara alusión a esos grupos más radicales, la mandataria dijo que "en democracia se respetan las urnas y las calles".
En relación con las demandas expresadas en las protestas, Rousseff reiteró que esta misma semana presentará al país un nuevo conjunto de medidas para reforzar el combate a la corrupción. "La corrupción no nació hoy, es una señora que tiene muchos años", dijo.
Sobre las quejas por la delicada situación económica, afirmó que su Gobierno se vio "obligado" a aplicar un ajuste fiscal, reducir subsidios y aumentar la carga tributaria, debido al impacto de la crisis global.
"Desde el inicio de la crisis internacional, hace unos años, el Gobierno consiguió evitar sus efectos más perversos, tales como el desempleo o la reducción de derechos y la renta", explicó y sostuvo que mientras en Europa la crisis "llevó al desempleo a más de 60 millones de personas", en Brasil se reforzaron la inversión y los créditos públicos a fin de mantener acelerada la economía. Sin embargo, reconoció que "ese camino se agotó y que ahora se debe "tomar otro rumbo para garantizar empleo y crecimiento", lo cual implica "hacer algunos ajustes y correcciones".
Por su parte, el ministro de Hacienda, Joaquim Levy, afirmó ayer que el ajuste fiscal debe ser "rápido" si se quiere recuperar la confianza del país. "Si tenemos coraje, no va a ser difícil. Si tenemos miedo, nos paralizamos. Ahora es hora de tener confianza", aseguró durante una intervención ante la Asociación Comercial de San Pablo.
De acuerdo con el ministro, el Gobierno trabaja para evitar un escenario económico que justifique la rebaja de la nota del país por parte de las agencias de calificación de riesgo.
Desde que asumió el cargo, el pasado 1 de enero, Levy anunció diferentes medidas de ajuste fiscal con el objetivo de llegar a un superávit primario del 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI).
"El objetivo de las medidas es dar tranquilidad a los negocios, ya que el mercado cambió. Y si nosotros no cambiamos tendremos problemas", alertó.
No obstante, parece no dar resultado por el momento. Los analistas de la banca privada consultados semanalmente por el Banco Central brasileño aumentaron ayer la previsión de la tasa de inflación y redujeron la de crecimiento del PBI.
Según el Boletín Focus, elaborado con encuestas a un centenar de expertos, la inflación terminará en 2015 en un 7,93%, por encima del tope máximo del 6,5% de la meta oficial.
Mientras que apuntaron que la economía tendrá una contracción del 0,78%, frente a un 0,66% previsto hace ocho días.
| Agencias EFE, AFP y DPA |
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