Una junta “multimodal” técnica incluirá a todos los medios -aeronáutico, automotor, ferroviario, y fluvial o marítimo- con el fin de prevenir futuros siniestros.
Dejar de ser "juez y parte". Separar al regulador de la investigación. Bajo estas premisas, Diputados buscará avanzar en las próximas horas con un proyecto que crea una junta "multimodal" técnica que incluirá a todos los medios de transporte -aeronáutico, automotor, ferroviario, y fluvial o marítimo-, con el fin de prevenir futuros accidentes. En paralelo, y mediante la investigación de las causas "sistémicas", emitirá "recomendaciones" de seguridad para resolver deficiencias encontradas.
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"Créase la Junta de Seguridad en el Transporte como organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Transporte, con autarquía económico-financiera, personalidad jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado", plantea el cuarto artículo del borrador de dictamen que intentará firmar hoy la comisión de Transportes de Diputados, que comanda el radical Héctor Olivares (La Rioja).
En el texto, al que tuvo acceso Ámbito Financiero, se deja en claro que la misión de la junta "es contribuir a la seguridad en el transporte a través de la investigación de accidentes y la emisión de recomendaciones, mediante: a) la determinación de las causas de los accidentes e incidentes de transporte cuya investigación técnica corresponda llevar a cabo; b) la recomendación de acciones eficaces, dirigidas a evitar la ocurrencia de accidentes e incidentes de transporte en el futuro".
La junta estará integrada por cinco miembros, todos designados por el Poder Ejecutivo: un presidente con jerarquía de secretario- y cuatro miembros con cargo equivalente a director nacional. El titular del organismo será "el responsable exclusivo del gobierno y administración del organismo, limitándose el rol de los demás miembros a los aspectos técnicos de la investigación de los sucesos de transporte", mientras que los restantes deberán "contar con antecedentes o especialización técnica en materia de transporte aéreo, automotor, ferroviario, marítimo y/o fluvial que garanticen su idoneidad para el ejercicio de la función".
Por otra parte, ningún agente de la junta podrá, por caso, "ser directa o indirectamente propietarios, accionistas, directores, funcionarios ni socios de empresas de transporte; tener un interés respecto de personas, actividades y/o negocios vinculados al transporte ni a la producción o distribución de equipos o infraestructura de transporte"; y "mantener vínculos que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades, organismos, empresas o con cualquier otra entidad que ejerza funciones relacionadas con la regulación y/o la fiscalización del transporte en el ámbito nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o municipal".
Además, no deberán registrar ninguna condena "por delitos penales o encontrarse inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos", ni "utilizar la información que obtengan como consecuencia del ejercicio del cargo o función para obtener beneficios particulares o para que terceros los obtengan". En tanto, la junta, con sede principal en Capital Federal, estará obligada a "constituir como mínimo una representación o delegación" en las regiones: Noroeste (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán); Noreste (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones); Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis); Centro (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); y Patagonia (Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur).
Según el articulado -el Frente Renovador dio un guiño inicial-, "los resultados" de las investigaciones "no condicionan ni prejuzgan los de cualquier otra investigación de índole administrativa o judicial que corresponda realizar", por lo que queda "prohibida la determinación de responsabilidades civiles o criminales o las asignaciones de culpas a personas concretas".
En esa línea, el artículo 20 del borrador de dictamen señala que "los informes de la junta no tienen como objetivo la determinación de la culpa o dolo a nivel penal ni la responsabilidad civil del accidente o incidente", y "son independientes de cualquier otra investigación administrativa o judicial, no afectando ningún interés subjetivo; por lo tanto, no son recurribles ni pasibles de impugnación, no pudiendo tampoco ser admitidos con carácter probatorio en proceso judicial alguno". En otro artículo se aclara que los reportes de las "actividades, hallazgos y recomendaciones" del organismo serán enviados "para cada año fiscal al presidente de la Nación y al Congreso, durante el mes de marzo de cada año calendario".
Como antecedente de lo que podría llegar a realizar el futuro organismo se encuentra el exhaustivo trabajo que realizó la Junta de investigación de accidentes de aviación civil (Jiaac) tras el accidente de un avión que se estrelló en el Delta el año pasado.
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