Diputados se despierta para controlar precios

Héctor Recalde, Diana Conti y Aníbal Fernández

Todo comenzó con una idea del Gobierno para modificar en el Congreso toda la legislación sobre precios. Y como en materia de controles y estatismo al kirchnerismo no hace falta darle demasiada rienda para que galope, ayer Héctor Recalde presentó su propio proyecto para recortarles a las empresas el tiempo que tienen para presentar descargos en el caso de ser sancionadas y al mismo tiempo sube las multas que se les pueden aplicar por no respetar acuerdos de precios. Además, le facilita al Estado expropiar bienes que fueran utilizados en maniobras de desabastecimiento.

En realidad, se intenta modificar la Ley de Abastecimiento, la de Lealtad Comercial y la de Defensa del Consumidor para encolumnarlas como brazo legal del programa "Precios Cuidados", única herramienta que el Gobierno maneja hoy para controlar la inflación.

"El objetivo del proyecto es que sea cumplido el espíritu de las leyes, que es cuidar la estabilidad, la razonabilidad y la previsibilidad de los precios, dándoles plena efectividad a las penalidades consagradas en las normas", dice Recalde en los fundamentos.

"Para ello se da homogeneidad a los aspectos procesales de las tres leyes, se reducen los plazos, se fija la competencia judicial en la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal y en las Cámaras Federales en las Provincias, se actualizan las multas y se prevé su actualización mediante la aplicación de la fórmula de la movilidad jubilatoria".

Las empresas no sólo deberán apurarse para presentar sus defensas frente a multas por no respetar los "precios cuidados", sino que además deberán enfrentar multas mucho más altas.

"Se actualizan los mínimos y máximos de las multas: de $ 5.000 a $ 10 millones y se dispone su actualización semestral por el índice de movilidad jubilatoria", dice la ley.

El nuevo procedimiento indica que "la parte que recurre a la Justicia deberá acreditar el cumplimiento previo (solve et repete) caso contrario la Justicia no se abocará, quedando firme la sanción".

El tema, como siempre lo fue con la Ley de Abastecimiento, es generar temor en las empresas a mayores costos, clausuras o juicios: "Genera un fuerte efecto disuasivo para aquellas personas físicas o jurídicas que pretendan llevar adelante maniobras contrarias al bien común y constituye a su vez una herramienta eficaz para dar respuesta a situaciones que exigen medidas prontas cuando no urgentes".

Finalmente, según Recalde, "se facilita el ejercicio de las facultades que ya otorga la Ley de Abastecimiento al Poder Ejecutivo para expropiar bienes que sean objeto de maniobras de desabastecimiento, acaparamiento o especulación y de intervenir y disponer la venta de productos y mercaderías".

Así, el proyecto de Recalde confirma la idea de reducir los plazos procesales para presentar descargos de parte de las empresas y comercios sancionados, al tiempo que actualiza las multas que el Estado aplica a los comercios que no respeten los acuerdos de precios.

Junto con Recalde firmaron Andrea García, Carlos Gdansky, Oscar Romero, Diana Conti, Nanci Parrilli, Leonardo Grosso, Remo Carlotto, Gastón Harispe, Verónica Magario, Silvia Simoncini, Horacio Pietragalla, Edgardo Depetri, Adela Segarra y Carlos Raimundi.

Recalde se sumó así al proyecto que ya presentó Aníbal Fernández, debidamente publicitado luego por Jorge Capitanich en la Casa Rosada.

La diferencia entre la Ley Recalde y la de Fernández, que más allá de endurecer y sancionar avanza en darle al Estado poderes para expropiar bienes que sean objeto de maniobras de desabastecimiento y de "intervenir y disponer la venta de productos".

También "se actualizan las multas y se prevé su actualización mediante la aplicación de la fórmula de la movilidad jubilatoria".

El Gobierno había avanzado con la idea de trabajar en la regulación de las empresas en los casos en que se detectarana subas de precios injustificadas o que violaran los acuerdos que se alcanzaron, por ejemplo, como el caso de "Precios Cuidados".

Capitanich, luego, tuvo que explicar que cualquier ajuste legal en materia de control de precios no implicaría una "regulación de la tasa de ganancia de cada una de las empresas". (Ver nota aparte.)

Ahora todo parece encaminarse a un debate sobre el sistema de control a monopolios en el país.